La Defensoría del Pueblo presenta balance crítico sobre deudas pendientes en derechos humanos
La Defensoría del Pueblo realizó un exhaustivo balance sobre los avances y las persistentes deudas en la política pública de derechos humanos en Colombia, identificando problemáticas críticas que deberá enfrentar el próximo Gobierno que asuma el poder el 7 de agosto. El informe destaca que, pese a algunos logros, las brechas históricas continúan afectando a poblaciones vulnerables en todo el territorio nacional.
Desigualdad estructural como barrera fundamental
El documento advierte que la desigualdad sigue siendo una de las principales barreras para el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia y para la construcción de una paz estable y duradera. La pobreza, la informalidad laboral y la exclusión continúan afectando de manera desproporcionada a comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y población privada de la libertad.
Las zonas rurales y periféricas enfrentan múltiples obstáculos para acceder a servicios básicos, sumado a una informalidad laboral persistente y limitaciones en el acceso a derechos fundamentales como salud, educación y seguridad social. La sobrecarga del cuidado en la mujer sigue reproduciendo desigualdades de género, afectando su autonomía económica, especialmente en contextos de pobreza y baja presencia institucional.
Conflicto armado y criminalidad organizada como desafíos centrales
En materia de seguridad, el informe advierte que el conflicto armado y la criminalidad organizada siguen siendo desafíos centrales para la garantía de los derechos humanos. La entidad recalcó la necesidad del cumplimiento pleno del Acuerdo de Paz de 2016 como brújula de la política pública en esta materia.
Frente a eventuales procesos de diálogo, la Defensoría señala que estos no deben comprometer los derechos de las víctimas, y advierte sobre la necesidad de evitar incentivos para los grupos que permanecen en armas. Este concepto se alinea con el que hizo al polémico proyecto de ley de sometimiento, para entregarles beneficios jurídicos a capos, jefes y miembros de las bandas criminales.
Degradación ambiental y acceso a la tierra
El documento también aborda la degradación ambiental y el cambio climático, proponiendo avanzar hacia una reforma rural integral con enfoque ecológico que promueva el uso adecuado del suelo. Se destaca la necesidad de fortalecer la respuesta penal frente al acaparamiento de tierras y la expansión de actividades como la ganadería extensiva en zonas de especial protección.
Asimismo, recomienda regular de manera efectiva la actividad minera para proteger los derechos humanos, el ambiente y los territorios. Como parte de su diagnóstico, la Defensoría plantea cinco acciones urgentes:
- Avanzar en la democratización del acceso a la tierra
- Garantizar la restitución efectiva para las víctimas
- Corregir las brechas del catastro multipropósito
- Asegurar la implementación de las territorialidades campesinas y étnicas
- Impulsar programas integrales de sustitución de cultivos de uso ilícito articulados con la reforma rural
Llamado a medidas estructurales y continuadas
El informe concluye que los avances son insuficientes frente a la magnitud de las brechas existentes, y que sin medidas estructurales y continuadas, la garantía de derechos y la consolidación de la paz seguirán siendo tareas pendientes. La Defensoría hace un llamado a adoptar medidas para eliminar la discriminación, el racismo, la xenofobia y la criminalización de personas migrantes, así como a implementar acciones concretas para contrarrestar estas prácticas.
También recomienda fortalecer las políticas de protección social para las personas con discapacidad, con especial atención a quienes se encuentran en situación de pobreza, y subraya la urgencia de garantizar condiciones dignas de reclusión, superando el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario.
