Caso de ejecución extrajudicial de 2003 llega a la CIDH tras 22 años de impunidad
La muerte violenta de un joven universitario ocurrida en el año 2003 volvió a ser objeto de debate internacional este 13 de marzo de 2026, cuando se instaló una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Guatemala. Este caso, que ha transitado por diversos despachos judiciales sin alcanzar un cierre definitivo que satisfaga a las víctimas, pone una vez más bajo la lupa internacional los procedimientos de las fuerzas de seguridad y la efectividad del aparato judicial colombiano.
La jornada de solemnidad y reclamo de justicia
En una jornada marcada por la solemnidad y el reclamo persistente de justicia, la audiencia contó con la participación de delegados del Gobierno Nacional y representantes de la sociedad civil. La diligencia no solo buscó reconstruir una cronología de eventos, sino determinar si existió una falta de garantías para los familiares de Manuel Enrique Guzmán Forigua, el joven universitario cuya vida se apagó de forma violenta hace más de dos décadas.
Mientras el Estado presentó sus argumentos de defensa, la contraparte expuso una serie de irregularidades que, según su criterio, evidencian un patrón de conducta institucional orientado a la desinformación y al ocultamiento de la verdad. Esta situación ha mantenido el expediente en una suerte de letargo procesal durante años, impidiendo que se alcance la justicia plena que reclaman los afectados.
Los hechos que conmocionaron a Soacha
El núcleo de la controversia se remonta a la noche del 7 de diciembre de 2003 en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. Allí, Manuel Enrique Guzmán Forigua, un estudiante de la Universidad Distrital de apenas 22 años, fue interceptado por miembros del Batallón de Policía Militar No. 13.
Lo que debió ser un procedimiento de rutina —la verificación de documentos y una requisa— terminó en una persecución fatal. Según los testimonios presentados ante la Comisión, el joven corría desarmado cuando recibió un disparo mortal por la espalda, propinado por un dragoneante identificado como Jurado Benítez.
La versión oficial falsa y la manipulación de evidencias
Alejandra Escobar Cortázar, coordinadora del Área de Litigio Internacional del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), denunció que tras el homicidio se orquestó una «versión oficial falsa» para presentar al estudiante como un delincuente que había agredido a la patrulla.
Sin embargo, la evidencia forense y los relatos de civiles sugieren que la escena del crimen fue manipulada y que se «sembró» un arma cerca del cuerpo para justificar el uso de la fuerza letal. A pesar de estas señales claras de alteración, la investigación técnica nunca profundizó en la responsabilidad de los demás integrantes del pelotón presentes esa noche, dejando cabos sueltos en el proceso investigativo.
El tortuoso camino jurídico y la impunidad persistente
El camino jurídico de la familia Guzmán Forigua ha estado plagado de obstáculos significativos. El caso permaneció durante largos periodos bajo la jurisdicción penal militar, un escenario que, según los peticionarios, afectó el derecho al juez natural y las garantías de imparcialidad necesarias para una investigación transparente.
Aunque en 2025 se logró una condena contra el autor material del disparo, la defensa sostiene que este fallo es insuficiente, pues no aborda la cadena de mando ni la falsedad ideológica que permitió que el crimen quedara en la impunidad durante 22 años completos.
El reclamo por la verdad integral y la reparación
«Se insiste en negar la retención de Manuel y cómo fue víctima de una ejecución», señaló la abogada Escobar durante su réplica ante la CIDH. Para el Cajar, la narrativa del Estado sigue reproduciendo los vicios del pasado al no calificar los hechos como una grave violación de derechos humanos, limitándose en ocasiones anteriores a indemnizaciones patrimoniales que no contemplan medidas de memoria o reparación simbólica.
La familia ha reiterado en múltiples ocasiones que la ejecución de Manuel sigue siendo una «herida abierta» que solo el Sistema Interamericano podrá empezar a sanar mediante una declaratoria de responsabilidad internacional. Esta declaratoria representaría un reconocimiento formal de las fallas estatales y establecería compromisos concretos para evitar la repetición de hechos similares.
El futuro del caso ante el sistema interamericano
La CIDH deberá ahora decidir sobre la admisibilidad del caso, un paso crucial que podría obligar al Estado colombiano a implementar garantías de no repetición y a esclarecer, finalmente, quiénes fueron los verdaderos determinadores de este trágico suceso. Esta decisión marcará un precedente importante para otros casos similares que permanecen en la impunidad dentro del territorio colombiano.
Los familiares y sus representantes legales mantienen la esperanza de que este proceso ante la CIDH permita alcanzar la justicia integral que han buscado durante más de dos décadas, estableciendo responsabilidades claras y generando mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Colombia.
