Fiscalía, Policía y Gobierno Petro se negaron a reparar ante la CIDH el asesinato de joven en protesta
En un giro que contrasta con las promesas de justicia social del gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la administración actual se negaron a firmar un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reparar el asesinato de Nicolás Neira, un joven de 15 años asesinado por el Esmad en 2005. Este caso, que podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revela tensiones profundas en la política de derechos humanos del Estado colombiano.
Un crimen que marcó la historia de la protesta social
Nicolás David Neira, con apenas 15 años, participó en las manifestaciones del Día del Trabajo el 1° de mayo de 2005 en Bogotá. En la carrera séptima con calle 19, el exagente del Esmad Néstor Rodríguez Rúa le disparó en la cabeza con un proyectil de arma lanzagases, causándole la muerte días después. Rodríguez Rúa fue condenado a 17 años de prisión, pero el caso destapó un complot policial para encubrir el crimen, similar al asesinato de Dilan Cruz en 2019.
En 2021, la CIDH aceptó estudiar el expediente, considerando que la responsabilidad de Colombia podría estar comprometida, especialmente por la conducta de la Policía Nacional en contextos de protesta. Este proceso llegó a la justicia internacional justo cuando se instalaba el gobierno Petro, que prometió transformar la Policía y defender el derecho a la protesta, incluso cambiando el nombre del Esmad por Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
Fracaso en las negociaciones de solución amistosa
Desde octubre de 2023, la familia de Nicolás Neira y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) mantuvieron reuniones para llegar a un acuerdo, involucrando a entidades como la Fiscalía, Procuraduría y Policía Nacional. Sin embargo, las conversaciones fracasaron cuando Yuri Neira, padre de la víctima, rechazó una propuesta gubernamental por carecer de una medida de reparación simbólica clave.
Neira exigió la ubicación de una tela de gran tamaño en los edificios principales de la Fiscalía, Procuraduría y Policía Nacional, con el rostro de su hijo y una leyenda que dijera "fui asesinado por el Esmad de la Policía y acá fueron cómplices y no hicieron justicia". La tela debía colgarse durante seis días, el periodo de convalecencia de Nicolás hasta su muerte. Según Neira, esta medida tenía un significado simbólico crucial para denunciar la impunidad y la revictimización.
El Estado, a través de la Andje, argumentó que no era posible cumplir con esta petición, ofreciendo en su lugar una indemnización económica y excusas públicas por parte de un oficial policial, no del director general. Neira rechazó estas alternativas, afirmando: "Yo no vendo sangre", y notificó a la CIDH el cierre del proceso de solución amistosa el 7 de abril.
Implicaciones para el gobierno y la justicia internacional
César Palomino, director de la Andje, declaró que las partes estaban en una fase exploratoria voluntaria y que el Estado presentó una propuesta integral que no fue considerada satisfactoria por la familia. Añadió que, debido a la confidencialidad del proceso ante la CIDH, el Estado se abstendría de emitir más declaraciones.
Con el fracaso de las negociaciones, la CIDH retomará el trámite del caso, lo que podría resultar en un informe de fondo con recomendaciones al Estado o, incluso, en la remisión del expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una sentencia condenatoria. Esto pondría en evidencia las contradicciones del gobierno Petro, que ha impulsado soluciones amistosas en otros casos, como el de los periodistas Jorge Torres y Julio Daniel Chaparro.
Germán Romero, defensor de Yuri Neira, criticó la falta de voluntad política, señalando que "no haber tenido seriedad en este caso demostró que todo el discurso de transformación de la Policía en este Gobierno es una falacia". Expertos como Michael Reed, de Guernica 37, subrayaron que las peticiones de Neira buscan dignidad y memoria, aspectos esenciales en procesos de justicia transicional.
Así, el caso de Nicolás Neira, que pronto cumplirá 21 años, sigue siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad y un testamento de los desafíos que enfrenta Colombia en materia de derechos humanos y reparación integral.
