Organización internacional denuncia graves violaciones a derechos humanos en El Salvador
La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este lunes una contundente denuncia contra el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, acusándolo de mantener en "desaparición forzada" a por lo menos 11 migrantes de su país que fueron deportados por Estados Unidos el año pasado.
Contexto de las deportaciones y detenciones
Según el informe de HRW, Bukele -aliado del expresidente estadounidense Donald Trump- recibió y encarceló hace aproximadamente un año en su megacárcel para pandilleros (Cecot) a unos 260 migrantes venezolanos y a una treintena de salvadoreños. Ambos mandatarios acusaron a estos individuos de pertenecer a las organizaciones delictivas Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (MS-13).
"El Salvador ha sometido a desaparición forzada y detenido arbitrariamente a salvadoreños deportados", declaró la organización en un comunicado, urgiendo al gobierno a "revelar su paradero" de manera inmediata.
Detalles preocupantes sobre los desaparecidos
Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, detalló a la AFP que la organización ha documentado la desaparición de 11 salvadoreños deportados, de los cuales ocho llegaron junto con los venezolanos y tres posteriormente. Pappier no descartó que las personas en paradero desconocido sean incluso más numerosas de lo documentado.
Entre los hallazgos más alarmantes:
- Los venezolanos fueron liberados cuatro meses después en un intercambio con estadounidenses detenidos por Venezuela
- De los salvadoreños se desconoce completamente en qué prisiones están o cómo se encuentran
- HRW entrevistó a una veintena de familiares y abogados de los 11 desaparecidos
- A ninguno de los familiares se le ha permitido comunicarse con los detenidos
- No hay evidencia de que hayan sido presentados ante un juez
Respuesta del gobierno y contexto más amplio
Esta denuncia surge apenas una semana después de que un grupo de juristas internacionales acusara al gobierno de Bukele de cometer "crímenes de lesa humanidad", incluyendo torturas y desapariciones, en su denominada "guerra" contra las pandillas. Estas acusaciones han sido categóricamente rechazadas por el presidente salvadoreño.
En la red social X, Bukele respondió a las críticas acusando a las organizaciones no gubernamentales de convertirse en "bufetes legales de los delincuentes". El mandatario defendió su política de seguridad, que ha reducido la violencia a mínimos históricos en el país, aunque ha sido señalada repetidamente por violaciones a derechos humanos.
Posición de HRW sobre el caso
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, expresó una posición firme: "La deportación no puede significar una desaparición forzada". La directora añadió que "independientemente de los antecedentes penales", todas las personas involucradas "tienen derecho a un juicio justo".
Goebertus hizo una comparación histórica preocupante: "La desesperación de las familias por encontrar a sus seres queridos desaparecidos evoca los días más oscuros de las dictaduras en América Latina".
Cuestionamientos sobre las acusaciones
HRW señaló en su informe que, si bien entre los salvadoreños deportados junto con los venezolanos había un conocido cabecilla de la Mara Salvatrucha -considerada organización terrorista tanto por El Salvador como por Estados Unidos-, "ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han proporcionado evidencias" que respalden la afirmación de que los demás deportados sean pandilleros.
El informe, difundido desde Washington, representa un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el gobierno de Bukele y organizaciones internacionales de derechos humanos, que han incrementado su escrutinio sobre las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante los últimos años.
