La JEP responsabiliza a ocho exmilitares por graves violaciones en el Pacífico
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formuló cargos formales contra ocho antiguos miembros del Ejército Nacional de Colombia, señalándolos como responsables directos de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra poblaciones indígenas y campesinas en la región del Pacífico. Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2001 y 2002 en los municipios nariñenses de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, zonas caracterizadas por su diversidad étnica y su historial de conflicto armado.
Los imputados y sus unidades militares
Los acusados formaron parte de dos unidades castrenses específicas:
- El Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 'General José María Cabal'.
- El Batallón de Contraguerrilla No. 93 'Ramiro Rueda Mendoza'.
La lista de los ocho exmilitares citados a reconocer responsabilidad incluye:
- El entonces comandante Luis Felipe Montoya.
- El jefe de la Sección de Operaciones, José David Vásquez.
- El comandante de escuadrón Juan Carlos Dueñas Mejía.
- El capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien también fungió como segundo comandante.
- El jefe de inteligencia del grupo, Carlos Alberto Gutiérrez González.
- El coordinador de la red de inteligencia, José Gregorio Betancourt.
- El comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes, Alexander Guerrero.
- El comandante de compañía Adolfo Díaz.
Patrones sistemáticos de violencia identificados
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que las violaciones no fueron actos aislados, sino que respondieron a tres patrones macrocriminales sistemáticos:
Primer patrón: Estigmatización y violencia selectiva dirigida contra líderes sociales, autoridades tradicionales y organizaciones comunitarias. Esta dinámica derivó en homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias y actos de tortura.
Segundo patrón: Asesinatos de civiles que fueron falsamente registrados como bajas en combate, una práctica conocida como 'falsos positivos', con el objetivo de inflar resultados operacionales dentro de las unidades militares.
Tercer patrón: Control militar del territorio mediante restricciones severas a la movilidad, desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Estas acciones afectaron a más de 16.000 personas, en su mayoría miembros del pueblo indígena awá y comunidades afrodescendientes.
Los crímenes imputados y las comunidades afectadas
A los comparecientes se les atribuye la comisión de graves delitos, entre los que se encuentran:
- Asesinatos y homicidios.
- Desapariciones forzadas.
- Torturas y tratos crueles.
- Persecución sistemática.
- Traslado forzoso de población.
Estas violaciones impactaron directamente a comunidades vulnerables que residen en la zona, incluyendo poblaciones afrocolombianas, campesinas, y los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara.
Avance del macrocaso 02 y próximos pasos procesales
Esta decisión judicial representa el segundo auto de atribución de responsabilidades dentro del denominado macrocaso 02, que investiga violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el Pacífico colombiano. Anteriormente, la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC en el mismo contexto.
Con este nuevo pronunciamiento, la JEP da por concluida la etapa de investigación de este caso específico. El proceso judicial avanzará ahora hacia las fases subsiguientes:
- Reconocimiento de responsabilidad por parte de los imputados.
- Etapa de juicio y deliberación.
- Eventual imposición de sanciones restaurativas o penales.
Los ocho exmilitares tendrán un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los hechos que se les imputan. Su decisión determinará el curso del proceso:
- Si reconocen su responsabilidad, el caso seguirá una ruta restaurativa ante el Tribunal para la Paz.
- Si niegan los cargos, podrían enfrentar un proceso adversarial con penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.
Este fallo marca un hito significativo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en una de las regiones más afectadas por la violencia en Colombia.
