Álava elimina reconocimientos a Franco y Mola tras nueve décadas
Las Juntas Generales de Álava han dado un paso histórico al aprobar, este miércoles, la revocación formal de los títulos honoríficos de padre de la provincia concedidos a los generales Francisco Franco y Emilio Mola hace exactamente noventa años. La decisión contó con el apoyo de todos los grupos políticos representados, a excepción de Vox, que votó en contra de la medida.
Un consenso amplio con una sola disidencia
La proposición de norma fue presentada inicialmente por el PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin. El Partido Popular, aunque no firmó la propuesta original debido a la participación de la coalición abertzale EH Bildu, decidió respaldar el texto durante la votación. Este amplio consenso político refleja la importancia simbólica de la medida, que busca cerrar capítulos controvertidos de la historia reciente.
La norma entrará en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y consta de cuatro artículos principales más una disposición final. Su objetivo principal es revocar de manera definitiva los nombramientos honoríficos otorgados a Franco como padre de la provincia y diputado general honorario, y a Mola como padre de la provincia.
Procedimientos administrativos y publicidad institucional
El texto aprobado establece que se procederá a la anotación expresa de esta revocación en todos los registros, libros de honores y archivos de la Diputación Foral de Álava donde figuren estos nombramientos. Además, se otorgará el máximo nivel de publicidad institucional al acuerdo, asegurando que la decisión sea conocida por toda la ciudadanía.
Los títulos revocados constituían el máximo peldaño de reconocimiento civil en Álava, tradicionalmente reservado a quienes destacaron en la defensa y conservación de las libertades. Su concesión original data del 12 de noviembre de 1936, cuando la Diputación provincial de Álava los otorgó a los dos militares que se alzaron contra la Segunda República Española.
Fundamento legal y debate político
Esta revocación da cumplimiento a dos leyes clave: la ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y la ley de Memoria Democrática de 2022. Durante el debate parlamentario, los portavoces de los diferentes grupos expresaron sus argumentos a favor de la medida.
Iñaki Ruiz de Galarreta, del PNV, calificó el día como importante para Álava, señalando que se retiraban honores a personas que se alzaron contra la democracia y para quienes los derechos humanos representaban un estorbo. Eva López de Arroyabe, de EH Bildu, criticó el retraso en esta revocación, atribuyéndolo a que la transición española se cimentó sobre la desmemoria y el olvido.
Josu López Ubierna, del PSE-EE, argumentó que no es un honor dar un golpe de Estado y consideró la medida como un mensaje de reconocimiento a todas las víctimas del franquismo. Daniel García, del PP, explicó que su grupo apoyaba la norma por respaldar los valores democráticos, expresando su esperanza de que otras víctimas, como las del terrorismo, alcancen el mismo nivel de consenso.
David Rodríguez, de Elkarrekin, afirmó que este 11 de febrero es un gran día y subrayó que al fascismo se le combate día a día, especialmente en tiempos donde crecen los discursos de odio.
La única voz disonante
El único procurador que votó en contra fue Jonathan Romero, de Vox, quien criticó la iniciativa como una imposición más de la mal llamada ley de Memoria Democrática. Romero argumentó que esta ley pretende dividir a los españoles entre buenos y malos y reescribir la historia desde los despachos, manteniendo una postura crítica frente a las políticas de memoria histórica.
Esta decisión marca un hito en la política vasca y española, reflejando el compromiso de las instituciones con la revisión crítica del pasado y la promoción de los valores democráticos en el presente.



