ONU documenta alarmante cifra de asesinatos contra defensores de derechos humanos en Colombia
Un informe revelador de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expuesto una situación crítica: entre enero de 2022 y diciembre de 2025, al menos 410 defensores de derechos humanos fueron asesinados en territorio colombiano. Estos hechos de violencia se distribuyeron en 28 departamentos y 184 municipios, con una concentración preocupante del 76% de los casos en apenas diez departamentos.
Distribución geográfica y perfil de las víctimas
El departamento del Cauca lidera esta trágica estadística con 84 víctimas mortales, seguido por Valle del Cauca con 37 casos, Nariño y Arauca con 36 cada uno, Putumayo con 34, Norte de Santander con 21, Antioquia con 19, Bolívar con 15, y Chocó y Guaviare con 14 víctimas cada uno.
El análisis demográfico de las víctimas muestra que de los 410 defensores asesinados, 354 eran hombres, 49 mujeres y siete personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. En cuanto a la pertenencia étnica, el informe detalla que 171 eran campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes, evidenciando cómo la violencia afecta desproporcionadamente a comunidades históricamente vulnerables.
Responsables y patrones de violencia
Según la investigación de la ONU, los grupos armados no estatales fueron señalados como presuntos responsables del 73% de los casos, seguidos por organizaciones criminales con el 8% y particulares con el 4%. En 296 casos específicos, la oficina de derechos humanos estableció que un grupo armado pudo haber ordenado y ejecutado el homicidio como parte de estrategias para ejercer control social y territorial sobre economías ilícitas y corredores estratégicos.
Además de los homicidios, el organismo internacional registró 2.018 casos de amenazas y ataques contra defensores durante el mismo período de cuatro años. De estos incidentes, el 63% correspondieron a amenazas, el 5% a intentos de homicidio y el 4% a secuestros, mostrando un patrón sistemático de intimidación.
Limitaciones en la respuesta estatal
La ONU advirtió que estas cifras representan solo una fracción del fenómeno real, dado el alto subregistro por la ausencia de un sistema unificado de información estatal. Aunque reconoció que el Gobierno colombiano ha priorizado el problema y promovido acciones de prevención, el informe señala que "el Estado en su conjunto no ha logrado revertir las tendencias y patrones de violencia".
El documento critica que las respuestas estatales siguen siendo "fragmentadas y desarticuladas", que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo no logran traducirse en acciones operativas suficientes y que el nivel municipal continúa siendo "el eslabón más frágil del sistema de garantías".
Esfuerzos institucionales en marcha
Según el Ministerio del Interior, desde instancias como las mesas nacionales y territoriales de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos, y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), se trabaja en articulación con otras entidades del Gobierno nacional, autoridades locales y organizaciones sociales.
El objetivo de estos esfuerzos es proteger a quienes realizan esta labor en las zonas del país más afectadas por la violencia y garantizar condiciones de seguridad para toda la población civil. Sin embargo, el informe de la ONU sugiere que estos mecanismos requieren mayor efectividad y coordinación para contrarrestar la persistente violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia.
