Foro Penal reporta más de 430 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde enero
Más de 430 presos políticos excarcelados en Venezuela según ONG

Foro Penal documenta más de 430 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa legal de personas detenidas por razones políticas en Venezuela, presentó este martes un balance que revela la excarcelación de al menos 431 presos políticos desde comienzos de enero. Este registro abarca el período comprendido entre el 8 de enero y el 10 de febrero a las 18:00 hora local, siguiendo el anuncio gubernamental de un proceso de liberaciones.

Exclusiones y condiciones restrictivas

Foro Penal aclaró de manera enfática que su registro excluye específicamente a quienes continúan bajo algún tipo de privación de libertad. La organización precisó que "no se consideran excarcelaciones" los casos en los que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. Insistieron en que este tipo de medidas no representa una liberación plena y denunciaron que "no hay libertad" cuando se imponen "medidas restrictivas", calificando estos mecanismos como "sistemáticos de control represivo" que deben cesar.

Casos emblemáticos bajo arresto domiciliario

El reporte se conoce días después de que varios dirigentes y activistas políticos salieran de prisión, entre ellos figuras destacadas como:

  • Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la líder opositora María Corina Machado.
  • Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora del país.

No obstante, ambos permanecen actualmente bajo arresto domiciliario. En el caso particular de Guanipa, fue detenido nuevamente el mismo día de su excarcelación y trasladado a su vivienda, luego de que la Fiscalía señalara un presunto incumplimiento de medidas cautelares.

Preocupaciones sobre la ley de amnistía

Mientras avanzan estas excarcelaciones, el Parlamento venezolano prevé aprobar esta semana una ley de amnistía, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ya avalada en primera discusión. Sin embargo, esta iniciativa ha generado alertas significativas:

  1. Familiares de presos políticos advierten que "más de la mitad" de los detenidos quedarían excluidos del proyecto.
  2. La ley no contempla arrestos ocurridos en los años 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, períodos en los que, según los denunciantes, se concentra la mayoría de los casos registrados.
  3. Aunque la propuesta establece un marco general entre 1999 y enero de 2026, el artículo 6 delimita diez períodos específicos de coyuntura política, lo que dejaría por fuera a un número significativo de presos políticos.

Varias organizaciones no gubernamentales también han cuestionado el texto de la ley, considerando que presenta "contradicciones" y "conflictos de intereses" que podrían limitar su efectividad real para garantizar libertades plenas.