Observatorio de Feminicidios suspende seguimiento por falta de financiación en Colombia
Una simple búsqueda en internet sobre cuántos feminicidios ocurren en Colombia revela inmediatamente una realidad preocupante: cada institución pública maneja cifras distintas y contradictorias. Para el año 2024, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reportó hasta septiembre 745 casos, mientras que la Procuraduría General de la Nación registró apenas 198 feminicidios hasta noviembre. En marcado contraste, el Observatorio Colombiano de Feminicidios, una iniciativa ciudadana de la organización Republicanas Populares, documentó 886 casos al cierre de ese mismo año.
La disparidad de cifras y el vacío informativo
Lo más significativo es que la propia Defensoría del Pueblo tomó como referencia los datos del observatorio ciudadano, reconociendo implícitamente su rigor metodológico. Sin embargo, según información confirmada, este observatorio ha pausado temporalmente el sistema con el que realizaba su seguimiento exhaustivo. Esta decisión deja sin actualización uno de los registros más completos y confiables sobre feminicidios en Colombia, según coinciden diversas organizaciones de mujeres.
Colombia se encuentra ahora en medio de una peligrosa disparidad de cifras oficiales, sin el contrapeso ciudadano que durante nueve años, desde julio de 2017, había proporcionado análisis contextualizados y datos verificados. El observatorio llevaba haciendo seguimiento meticuloso de estos casos críticos, llenando los vacíos que las instituciones estatales dejaban evidentes.
Un trabajo que implicaba tiempo, dinero y carga emocional
El Observatorio Colombiano de Feminicidios, liderado por cuatro mujeres profesionales -politólogas, historiadoras y abogadas feministas- funcionaba mediante un minucioso seguimiento a la prensa local, regional y nacional. Su metodología consistía en rastrear casos de feminicidio y otras violencias contra las mujeres en todo el territorio colombiano, analizarlos en profundidad y registrarlos en boletines mensuales detallados.
Desde sus inicios en 2017, las integrantes identificaron graves vacíos en las cifras oficiales, así como la falta de datos actualizados y de análisis contextual sobre la violencia feminicida en el país. "Esto lo hacíamos con dinero de cooperación internacional, sobre todo de la cooperación del Ayuntamiento de Barcelona", explicó Carol Rojas Garzón, coordinadora del Observatorio.
El proyecto de monitoreo de feminicidios se ha agotado por falta de recursos económicos. Rojas agregó que "seguimos haciendo la gestión, pero el proyecto se acabó. Hay muchas cosas que podemos seguir haciendo como militantes, como buscar una noticia o seguir haciendo análisis, pero el seguimiento sistemático requiere financiación estable".
La cruda realidad de los subregistros oficiales
Los datos recopilados por el observatorio durante estos últimos años revelan una brecha alarmante con las cifras de las instituciones oficiales, sugiriendo graves problemas de subregistro estatal. Para ilustrar esta disparidad, en 2025 la Defensoría del Pueblo cerró el año con un reporte de apenas 119 feminicidios, mientras que el Observatorio registró 621 casos en su último conteo, que llegó hasta septiembre.
Rojas explica que esta diferencia sustancial está relacionada con que la organización diversificó sus fuentes de información, buscando acercarse con mayor precisión al comportamiento real de esta violencia en el país y a sus causas estructurales. "Sabemos que también nosotras hemos logrado que se reconociera el feminicidio, pero sobre todo a que se aportaran análisis estructurales y contextuales de lo que aquí sucede", afirmó la coordinadora.
La carga psicológica y la necesidad de reconocimiento institucional
El seguimiento de feminicidios implica no solo tiempo y dinero, sino también "una carga psicológica muy fuerte para nosotras", según reconoce Rojas. Las investigadoras están intentando sostenerlo con los recursos limitados que tienen, pero en este momento no cuentan con financiación suficiente para continuar el trabajo sistemático.
La historiadora señala que, pese a los esfuerzos por mantener viva la iniciativa, actualmente no disponen del financiamiento necesario. "Sabemos que podemos sobrevivir con una estructura muy mínima, básicamente con unos 15 millones mensuales", calcula. Esta situación explica por qué, al ingresar al sitio web del observatorio, el reporte más reciente disponible es de septiembre de 2025.
Colombia lleva más de cinco meses sin cifras actualizadas suministradas por esta organización de referencia, que durante nueve años no se limitó a cuantificar las violencias que arrebataron la vida a las mujeres, sino que analizó factores como la militarización, el sistema económico y las desigualdades estructurales basadas en sexo, género, raza, etnia y edad.
Un llamado al Estado y una reflexión sobre el activismo
Para la experta, el panorama actual es desalentador. Aunque el equipo ha intentado mantener las gestiones, ella interpreta esta situación como un esfuerzo unilateral que recae desproporcionadamente sobre las organizaciones sociales. Esto la lleva a concluir que el Estado debe fortalecer este tipo de iniciativas e integrarlas a su estructura institucional.
"Muchas compañeras podrían decir 'hagámoslo gratis'. Pero es un trabajo que necesita ser pagado, porque es muy difícil, muy duro y tiene muchas implicaciones en términos de nuestra salud mental", argumenta Rojas. "No podemos seguir sacrificándonos en el activismo por algo que también debería ser reconocido y sostenido por la importancia que tiene para este país. No puede ser que el esfuerzo recaiga solo en las organizaciones o en las militancias".
La crisis más amplia de financiación internacional
Esta medida se suma a una crisis más amplia de recortes en la ayuda internacional para organizaciones que trabajan con mujeres. La drástica reducción de asistencia internacional ha llevado a muchas organizaciones que acompañan a mujeres a una situación límite, según evidencia un informe presentado en mayo de 2025 por ONU Mujeres.
El documento revela que el 51% de las organizaciones a nivel mundial que trabajan con mujeres en contextos de crisis suspendieron programas esenciales. Entre los servicios afectados se encuentran la atención a sobrevivientes de violencias basadas en género, así como acciones que garantizaban acceso a protección, medios de vida, transferencias en efectivo y atención en salud.
Rojas analiza que "los fondos se han acortado. Pero también sabemos que el fascismo está avanzando, que las ideas conservadoras están avanzando y que, cuando esto ocurre, claramente se intenta debilitar los procesos organizativos que desde hace rato buscan hablar de la vida, de la libertad, de la posibilidad de elegir".
Aunque no se puede afirmar que el proceso haya terminado definitivamente, la situación actual abre una pregunta de fondo sobre la financiación y el respaldo necesario para garantizar la continuidad de un trabajo que ha demostrado ser esencial para comprender y combatir la violencia feminicida en Colombia.
