ONG venezolana denuncia irregularidades en designación de altos cargos
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia ha emitido un contundente pronunciamiento este jueves, señalando que las recientes designaciones del fiscal general Larry Devoe y de la defensora del pueblo Eglée González Lobato en Venezuela nacen con lo que califican como un "vicio de origen que debilita la confianza en ambas instituciones".
Proceso cuestionado desde su base
Según la detallada evaluación de la ONG, el mecanismo de selección presenta múltiples irregularidades que comprometen la legitimidad de los nombramientos. "Si quienes deben investigar delitos y proteger derechos humanos son designados mediante procesos sin controles efectivos, aumenta el riesgo de impunidad y falta de protección frente a violaciones de estas garantías fundamentales", advirtió la organización en un comunicado oficial.
El análisis de Acceso a la Justicia revela que la evaluación de las postulaciones fue asumida por la Asamblea Nacional a través de un comité compuesto mayoritariamente por diputados afines al chavismo, "pese a que también debían participar representantes de diversos sectores de la sociedad".
Falencias en el procedimiento de selección
Entre las irregularidades más destacadas se encuentran:
- El comité de evaluación del Parlamento aprobó un cronograma de trabajo para 30 días que nunca fue publicado oficialmente.
- No se difundió el reglamento del proceso ni los criterios de evaluación utilizados para seleccionar a los candidatos.
- Se desconocen completamente las puntuaciones asignadas a los 134 aspirantes iniciales y a los 21 que se presentaron posteriormente.
- La organización afirma que "no existieron condiciones que permitieran evaluar de manera abierta y verificable su idoneidad".
Violación de procedimientos constitucionales
Acceso a la Justicia subrayó además una irregularidad determinante en el proceso: "No se presentó una terna de candidatos por cargo, como exige la Constitución, sino dos opciones". Esta desviación de los procedimientos establecidos representa, según la ONG, una vulneración directa de los requisitos constitucionales venezolanos.
La organización también cuestionó la composición del comité evaluador, señalando que aunque la normativa prevé que la Asamblea Nacional asuma el proceso en caso de inacción del Consejo Moral Republicano, "ello no implica que el comité pueda estar integrado exclusivamente por diputados en ejercicio".
Contexto político y plazos incumplidos
Las designaciones de Devoe y González se produjeron según la ONG "fuera del plazo inicialmente previsto y en un contexto marcado por negociaciones políticas". Este proceso se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, presentaran sus renuncias a estos cargos.
Las dimisiones ocurrieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, que teóricamente permite liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años específicos.
La ONG concluye que estas irregularidades procesales comprometen gravemente la independencia y credibilidad de dos instituciones fundamentales para el estado de derecho y la protección de derechos humanos en Venezuela.
