ONU registra 410 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia entre 2022 y 2025
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 410 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante el periodo comprendido entre 2022 y 2025. Este dato alarmante reabre el debate sobre si la violencia en el país ha disminuido, aumentado o simplemente se ha mantenido estable en comparación con años anteriores.
Una metodología rigurosa que evita comparaciones engañosas
Es crucial precisar que la ONU utiliza una metodología específica al contabilizar estos casos. Mientras que en el debate público colombiano se habla frecuentemente de "líderes sociales", la organización internacional mide exclusivamente a personas defensoras de derechos humanos y solo incluye los casos que logra verificar bajo este criterio estricto.
Esta distinción metodológica es fundamental porque impide comparar cifras construidas con diferentes parámetros, lo que podría llevar a conclusiones erróneas sobre la evolución de la violencia en el país.
Datos preocupantes más allá de los homicidios
El panorama de violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia no se limita a los asesinatos. La ONU también ha reportado 2.018 amenazas y ataques contra estas personas durante el mismo periodo de 2022 a 2025.
La organización advierte que esta cifra probablemente representa solo una fracción del fenómeno real, ya que el Estado colombiano no cuenta con un sistema unificado y completo para registrar estas agresiones de manera sistemática y exhaustiva.
Perfil de las víctimas y perpetradores
El informe de la ONU revela datos específicos sobre las características de esta violencia:
- 23% de las víctimas entre 2022 y 2025 pertenecían a comunidades indígenas
- Más del 70% de los perpetradores evaluados fueron identificados como actores armados no estatales
- Entre 2016 y 2025, la oficina ha documentado un total de 972 asesinatos de defensores de derechos humanos
Continuidad preocupante en la violencia
Al comparar el cuatrienio 2022-2025 con el periodo anterior 2018-2021, los datos muestran una inquietante continuidad en los niveles de violencia. Entre 2018 y 2021, la ONU verificó 413 asesinatos: 115 en 2018, 108 en 2019, 90 en 2020 y 100 en 2021.
La diferencia entre ambos periodos es de apenas tres casos, lo que indica que la violencia persistente contra defensores de derechos humanos se ha mantenido prácticamente sin cambios significativos entre administraciones gubernamentales distintas.
Una tendencia con raíces profundas
La ONU sitúa este problema en una trayectoria histórica más amplia. Según su análisis, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se produjo un aumento gradual de los asesinatos, vinculado principalmente a:
- La disputa entre actores armados no estatales en territorios anteriormente controlados por las FARC-EP
- La dificultad del Estado para consolidar una presencia institucional sostenida en estas zonas
- La influencia de economías criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas
La organización también relaciona esta violencia persistente con instituciones débiles, altos niveles de impunidad y corrupción estructural que facilitan estos crímenes.
Capacidad reducida de monitoreo
Un dato adicional que preocupa a la ONU son los recortes de financiación que sufrió su oficina en Colombia durante 2025. Estas reducciones presupuestales han limitado significativamente su capacidad de monitoreo y respuesta en zonas de alto riesgo, justo cuando se necesita una vigilancia más intensa sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Esta combinación de factores -violencia persistente, debilidad institucional, economías criminales y menor capacidad de monitoreo internacional- configura un escenario complejo para la protección de quienes defienden los derechos fundamentales en Colombia.
