ONU advierte crisis de derechos humanos en La Guajira por paro armado de grupos ilegales
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento de alerta sobre la crítica situación que atraviesa el departamento de La Guajira, donde un paro armado declarado por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ha sumido a la población civil en un estado de terror y vulnerabilidad extrema.
Paralización violenta y cierre forzado de comercios
Desde el pasado 14 de abril, hombres fuertemente armados han tomado las calles de La Guajira, disparando indiscriminadamente en zonas comerciales y obligando a los comerciantes a cerrar sus negocios. Esta medida coercitiva ha generado pérdidas económicas significativas y ha creado un ambiente de angustia colectiva en toda la región, particularmente en el distrito de Riohacha.
"Rechazamos la situación de riesgo y amenaza que se presenta en La Guajira, especialmente en el distrito de Riohacha, provocada por un paro armado de grupos armados no estatales que va en detrimento del pleno ejercicio de los derechos humanos", declaró el organismo internacional en su comunicado oficial.
Retaliación tras enfrentamiento con la Fuerza Pública
El paro armado de 72 horas parece ser una respuesta directa a un enfrentamiento ocurrido el 11 de abril entre este grupo ilegal y la Fuerza Pública. En ese operativo fueron abatidos nueve integrantes del anillo de seguridad de alias Naín, además de incautarse armas, teléfonos móviles y motocicletas utilizadas en actividades criminales.
Alias Naín, también conocido como "El Bendito Menor", es identificado como el joven cabecilla responsable de los recientes hechos de intimidación contra la población civil. Según informes de inteligencia, este individuo coordinaría rutas del narcotráfico entre La Guajira y Magdalena, habiendo ingresado al grupo armado en 2019 como sicario y ascendido rápidamente dentro de la estructura criminal.
Presencia múltiple de grupos armados agrava la situación
La complejidad del panorama de seguridad en La Guajira se intensifica por la presencia simultánea de múltiples actores armados. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en la región también operan el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversas bandas criminales locales, creando un escenario de confrontación multipolar que pone en grave riesgo a la población civil.
La Defensoría del Pueblo ya había emitido la alerta temprana 007-26, advirtiendo sobre la "expansión acelerada" de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y su consolidación territorial y control social en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, extendiéndose hacia municipios de Norte de Santander.
Respuesta institucional y recompensa por cabecilla
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció específicamente sobre el caso de alias Naín: "Por alias Naín hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. La orden a la Fuerza Pública es mantener la ofensiva hasta que alias Naín responda ante la justicia y deje de ser una amenaza para el pueblo".
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a todas las instituciones del Estado para que implementen medidas de protección efectivas para la población civil, especialmente considerando los graves riesgos de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario derivados de la expansión territorial de estos grupos armados.
La situación en La Guajira representa un desafío significativo para la política de "Paz Total" del gobierno nacional, particularmente porque alias Naín había sido designado como negociador en este proceso en abril de 2025. La violencia desatada por el paro armado evidencia las profundas contradicciones y dificultades en la implementación de acuerdos de paz con grupos armados no estatales que mantienen estructuras criminales activas.
