El mecanismo internacional de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas para promover la justicia e igualdad raciales en la aplicación de la ley presentó los resultados preliminares de su visita a Colombia. Durante el recorrido por distintas ciudades, los expertos documentaron denuncias relacionadas con racismo sistémico, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza contra comunidades afrodescendientes.
Racismo estructural e histórico
La misión, que analiza el impacto de las prácticas policiales y el acceso a la justicia, concluyó que en el país persiste un “racismo estructural, sistémico e histórico”, que continúa generando desigualdades, violencia y exclusión. Víctor Rodríguez, integrante de la comisión, aseguró que durante la visita pudieron constatar que el racismo en Colombia “está incrustado en la estructura social” y advirtió que las comunidades afrodescendientes siguen enfrentando discriminación en distintos ámbitos, especialmente en el sistema de justicia y en las actuaciones policiales.
“En Colombia efectivamente hay racismo estructural, hay racismo sistémico. Es un racismo incrustado en la estructura social, muchas veces inconsciente, pero normalizado, naturalizado e invisibilizado”, señaló Rodríguez.
Perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza
Entre los hallazgos expuestos por la misión, se encuentran denuncias sobre perfilamiento racial en diferentes ciudades, donde jóvenes afrodescendientes aseguraron ser objeto frecuente de requisas, comparendos y detenciones injustificadas. La comisión también recibió testimonios de familias que denunciaron presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de Policía, así como demoras e impunidad en las investigaciones judiciales.
Preocupación por Chocó y Quibdó
Uno de los puntos más delicados identificados por la comisión fue la situación en Chocó y particularmente en Quibdó, donde la misión aseguró haber encontrado vacíos institucionales y una presencia insuficiente del Estado y de la fuerza pública en varias zonas del territorio. “Esos vacíos han sido cubiertos por grupos armados ilegales al margen de la ley, donde la policía no interviene, donde la policía no está, y donde la población queda en un fuego cruzado. Este es un tema alarmante, es un tema que el estado tiene que atender como una prioridad, es un tema donde estas personas están en un limbo total, y a veces ni se sabe cuáles son esos, digamos, grupos ilegales para poderlos identificar, porque proliferan cada vez más, y a veces ni se sabe quiénes son los que actúan, quiénes son los que controlan”, afirmó Rodríguez.
Segregación urbana en Cartagena
En Cartagena, los integrantes de la comisión alertaron sobre procesos de segregación urbana y desplazamiento de comunidades afrodescendientes hacia zonas periféricas, además de prácticas discriminatorias en espacios turísticos y comerciales.
Centros de detención transitoria en condiciones infrahumanas
La comisión también expresó preocupación por las condiciones encontradas en centros de detención transitoria visitados durante su recorrido. Los expertos señalaron que muchas personas permanecen en condiciones “infrahumanas”, pese a no haber sido condenadas. “Llama la atención que la Corte Constitucional se ha manifestado sobre el estado de inexequibilidad de esos centros transitorios, y que no haya habido un cumplimiento integral de esas resoluciones. Discúlpenme, pero las personas privadas de la libertad no son responsables de sufrir esas condiciones carcelarias producto de lagunas procesales, normativas o institucionales, no resueltas todavía, lo que vendría en responsabilidad internacional”, agregó Rodríguez.
Recomendaciones preliminares
Finalmente, entre las recomendaciones preliminares, la misión pidió fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas frente al perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza, mejorar los sistemas de recopilación de datos sobre violencia racial, e insistieron en atender con urgencia la situación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria. Los expertos también insistieron en la necesidad de no reducir la capacidad ni el presupuesto de la Defensoría, al considerar que es una de las pocas instituciones con presencia y acceso a territorios apartados donde las comunidades siguen enfrentando graves riesgos de violencia y abandono estatal.
