Misión de la ONU confirma continuidad de la represión estatal en Venezuela
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por las Naciones Unidas, declaró este jueves que "la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa" a pesar de la captura a inicios de año del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Funcionarios responsables mantienen cargos clave
Como evidencia de esta continuidad, la misión sostuvo que funcionarios de alto nivel y militares identificados en investigaciones previas como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo importantes cargos tanto en el Ejecutivo como en las fuerzas de seguridad del país.
Los expertos destacaron durante la presentación de un informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que "los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor", sin modificaciones sustanciales que indiquen un cambio en la política estatal.
Detenciones políticas bajo nuevo liderazgo
El grupo documentó que desde que Delcy Rodríguez asumió el liderazgo de Miraflores, al menos 87 personas han sido detenidas por razones políticas, incluyendo catorce periodistas y trabajadores de medios de comunicación que fueron arrestados temporalmente mientras cubrían la juramentación de Rodríguez.
"Esto indica que la práctica de silenciar a los disidentes persiste en el actual gobierno", señaló María Eloisa Quintero, miembro de la misión, quien añadió que otras 27 personas fueron apresadas por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Estructuras represivas en mutación
Los hechos reportados cubren el período desde septiembre pasado hasta la actualidad, durante el cual se confirmó que el aparato de persecución estatal "no ha sido desmantelado" y ni siquiera se han hecho anuncios que permitan pensar que esto ocurrirá en el futuro cercano.
"Las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder", declaró Quintero, sugiriendo una evolución más que una desaparición de los mecanismos de control político.
Excarcelaciones sin transparencia
Sobre las liberaciones de presos políticos de los últimos meses, la misión las consideró un paso positivo pero carente de transparencia, mencionando que "no hay datos ciertos y únicos sobre su identidad y número". La ONG Foro Penal calcula que al menos 673 presos políticos han salido de las cárceles venezolanas desde el 8 de enero, cuando se anunció un proceso de liberaciones por parte del gobierno.
Además, la misión criticó que la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional "no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos" y tampoco contempla investigaciones independientes ni reparación para las víctimas. Bajo esta directriz han quedado en libertad 166 personas, según datos de Foro Penal.
El informe concluye que, pese a cambios superficiales en el liderazgo y algunas liberaciones, las estructuras fundamentales de represión política en Venezuela permanecen intactas y operativas, con continuidad en las prácticas de detención arbitraria y persecución a disidentes.
