Organizaciones latinoamericanas exigen regulación para cierre de proyectos fósiles ante la CIDH
Representantes de diversas organizaciones y comunidades de varios países latinoamericanos presentaron una solicitud urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia reciente. El objetivo central es abordar lo que denominan "violaciones sistemáticas de derechos humanos" derivadas tanto de la operación como del cierre de proyectos de combustibles fósiles en toda la región.
Casos emblemáticos que evidencian el problema
Las organizaciones, entre las que se encuentra la "Plataforma La Guajira le Habla al País" de Colombia, presentaron varios casos concretos para demostrar las violaciones históricas:
- Carbones de Cerrejón en La Guajira, Colombia: La mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, cuyas operaciones han generado impactos ambientales y sociales significativos durante décadas.
- Central Termoeléctrica Punta Catalina en República Dominicana: Ubicada en la región sur del país caribeño, este proyecto ha sido cuestionado por sus efectos en comunidades cercanas.
- Complejo Termoeléctrico de Quintero y Puchuncaví en Chile: Situado en una bahía chilena, este complejo industrial ha sido foco de conflictos ambientales y de salud pública.
- Explotación petrolera en la Amazonía: Incluyendo operaciones dentro del Parque Nacional Yasuní en Ecuador, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Falta de marcos regulatorios adecuados
El argumento principal de las organizaciones es contundente: en América Latina no existen marcos regulatorios que aseguren un cierre o salida de proyectos fósiles con enfoque de derechos humanos. Esta ausencia normativa significa que, cuando estos proyectos inician operaciones, funcionan durante años o llegan a su fase de cierre, frecuentemente no hay garantías para:
- La protección adecuada de las comunidades cercanas
- La reparación integral de los impactos ambientales acumulados
- La transición económica justa de los territorios afectados
Peticiones específicas a la CIDH
Las organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana que desarrolle lineamientos específicos para orientar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos durante todo el ciclo de vida de los proyectos fósiles. Entre las peticiones concretas se encuentran:
Establecimiento de estándares claros que guíen a los Estados en la adopción de medidas preventivas, correctivas y de mitigación de impactos en derechos humanos. Esto incluiría:
- Planes de cierre integrales y participativos
- Desmantelamiento seguro de infraestructuras
- Remediación ambiental efectiva
- Monitoreo continuo de riesgos para la salud y ecosistemas
Promoción de marcos regulatorios que obliguen a las empresas a planificar responsablemente el cierre de proyectos, estableciendo:
- Responsabilidades claras frente a pasivos ambientales y sociales
- Garantías financieras específicas para el cierre
- Mecanismos que eviten el abandono de operaciones o transferencia de activos sin cumplir obligaciones
Enfoques diferenciados y participación comunitaria
Las organizaciones enfatizaron la necesidad de "incorporar enfoques diferenciados" que atiendan las afectaciones desproporcionadas que sufren:
- Pueblos indígenas
- Comunidades afrodescendientes
- Comunidades rurales
- Otros grupos en situación de vulnerabilidad
Además, solicitaron reforzar las garantías de acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia ambiental durante todo el ciclo de los proyectos. Esto permitiría que las comunidades afectadas participen activamente en el diseño, implementación y supervisión de los procesos de cierre y transición.
Mecanismos de supervisión y gestión de riesgos
Finalmente, las organizaciones pidieron a la CIDH que oriente a los Estados en la creación de mecanismos robustos de:
- Supervisión independiente
- Seguimiento continuo
- Rendición de cuentas transparente
Estos mecanismos serían esenciales para monitorear los procesos de operación, cierre y poscierre de proyectos fósiles. También solicitaron que la Comisión inste a los Estados a prever y gestionar proactivamente los riesgos sociales, económicos, culturales y ambientales derivados de la sustitución progresiva de combustibles fósiles.
Contexto de transición energética y riesgos actuales
Es importante destacar que, gracias a políticas de transición energética adoptadas en distintos países latinoamericanos, algunos proyectos fósiles ya enfrentan procesos de reducción gradual de operaciones o cierre definitivo. En Colombia específicamente, varios proyectos tienen fechas de cierre programadas en el horizonte próximo.
Sin embargo, como han advertido las comunidades y organizaciones, esta situación crea "un riesgo regional creciente" de que los procesos de cierre y salida de proyectos de combustibles fósiles se realicen de forma irresponsable. Sin una regulación clara y vinculante, existe el peligro real de que las empresas abandonen operaciones, cedan o transfieran activos, devuelvan concesiones y cesen operaciones sin garantizar la gestión adecuada de los impactos socioambientales generados durante años de actividad extractiva.
La audiencia ante la CIDH representa un paso significativo en los esfuerzos por establecer estándares regionales que protejan los derechos humanos durante la inevitable transición energética que vive América Latina.
