Catalina Giraldo: el caso que podría cambiar la historia de la muerte digna en Colombia
Catalina Giraldo, una psicóloga bogotana de 30 años, vive una existencia que ella misma describe como incompatible con cualquier noción de dignidad humana. Con tres diagnósticos mentales que la torturan minuto a minuto -trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado- ha intentado suicidarse al menos nueve veces mediante métodos violentos. Sus antebrazos muestran las cicatrices de estos intentos desesperados por escapar de lo que describe como "una prisión mental".
Una búsqueda de salida no violenta
Agotada de sí misma y buscando una alternativa que no implique más violencia para ella ni para su familia, Giraldo ha presentado una solicitud formal para acceder al primer suicidio médicamente asistido en la historia de Colombia. Esta práctica, legal en el país desde 2022 pero aún no regulada por el Ministerio de Salud, representa una opción hermana de la eutanasia, con la diferencia fundamental de que en este caso es el paciente quien toma la decisión final y administra los medicamentos.
"Su cuadro clínico es crónico y refractario a los tratamientos ofrecidos", explica el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), organización referente en Latinoamérica en temas de muerte digna. "Durante cerca de diez años ha recibido múltiples intervenciones médicas y psicológicas, incluyendo aproximadamente cuarenta esquemas farmacológicos distintos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y seis infusiones de ketamina. Desde 2020 ha requerido alrededor de nueve hospitalizaciones psiquiátricas por crisis agudas".
El tortuoso camino legal
La solicitud de Giraldo fue presentada formalmente en octubre de 2025, pero su aseguradora de salud, EPS Sanitas, negó el procedimiento argumentando que no existe una regulación específica que indique cómo deben actuar las instituciones del sistema de salud frente a este tipo de solicitudes. Posteriormente, Giraldo radicó una acción de tutela por el derecho a la muerte digna, la cual fue negada por un juzgado capitalino de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Lucas Correa, director de DescLab, explica la trascendencia del caso: "El caso de Catalina plantea una pregunta clave para el sistema jurídico colombiano: si la asistencia médica al suicidio, despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, podrá ejercerse realmente como parte del derecho a morir dignamente o si seguirá limitada por la negligencia y la falta de reglamentación del Ministerio de Salud".
El contexto nacional del suicidio
Las cifras de salud pública muestran que el fenómeno de la conducta suicida sigue siendo un desafío significativo para Colombia. Con corte a la semana epidemiológica 53 de 2025 se notificaron 38.758 intentos de suicidio a nivel nacional, superando los 34.566 casos esperados para ese periodo.
Las mayores concentraciones de reportes se registraron en:
- Bogotá: 5.851 casos
- Antioquia: 5.661 casos
- Valle del Cauca: 2.118 casos
- Santander: 1.790 casos
En contraste, los datos sobre muertes por suicidio muestran una tendencia reciente a la disminución. En 2024 se registraron 2.984 casos, lo que representó una reducción del 5,12% frente al año anterior. La tendencia continuó en 2025, cuando entre enero y noviembre se reportaron 2.547 muertes, una caída del 6,33% respecto al mismo periodo de 2024.
El fenómeno afecta de forma desproporcionada a los hombres, quienes representan más del 80% de los casos registrados.
Un precedente histórico en ciernes
DescLab espera que el expediente de Giraldo sea seleccionado por una sala de elección de tutelas de la Corte Constitucional, con el objetivo de que se amplíe claramente el derecho a la muerte digna a contextos de enfermedades mentales y, además, que el Ministerio de Salud cumpla con su deber de regulación.
Giraldo ha señalado que prefiere la asistencia médica al suicidio en lugar de la eutanasia, manteniendo así el control sobre su decisión final. Su caso representa no solo una lucha personal por una muerte digna, sino también un potencial precedente jurídico que podría redefinir los límites del derecho a morir en Colombia, especialmente en casos de enfermedades mentales graves e incurables.
Como concluye Correa: "Negarse a discutir la asistencia médica al suicidio no protege la vida; solo deja a las personas sin opciones seguras". La decisión ahora está en manos de la Corte Constitucional, mientras Catalina Giraldo espera una respuesta que podría cambiar la historia de la muerte digna en Colombia.
