Procuraduría despliega atención integral para la niñez wayúu en La Guajira
La Procuraduría General de la Nación ha instalado una mesa de atención prioritaria en el departamento de La Guajira, logrando beneficiar a más de 3.000 niños, niñas, adolescentes, madres gestantes y lactantes del pueblo wayúu. Esta iniciativa, liderada por la procuradora delegada María Fernanda Rangel, representa un esfuerzo institucional para garantizar el acceso a derechos fundamentales en una región históricamente desatendida.
Intervención en territorios apartados
Desde la ranchería Siria, ubicada en el municipio de Manaure, la procuradora Rangel explicó los alcances de esta jornada: "Les estamos cumpliendo a los niños, niñas, adolescentes, mujeres lactantes y gestantes de La Guajira. En esta ranchería hemos atendido a más de 300 niños, niñas y adolescentes". Esta es la cuarta feria de servicios que la Procuraduría realiza en el departamento durante 2026, extendiendo su cobertura también a los municipios de Uribia y Maicao.
Respuesta al estado de cosas inconstitucional
Este programa constituye una respuesta directa a la sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos de la niñez wayúu, especialmente en:
- Acceso a agua potable
- Servicios de salud
- Alimentación adecuada
Las ferias buscan acercar la oferta institucional a los territorios más apartados, donde la presencia estatal ha sido tradicionalmente limitada.
Servicios integrales para la comunidad
Durante las jornadas se han implementado múltiples servicios:
- Valoraciones médicas completas para niños y madres
- Procesos de identificación documental
- Afiliación a servicios de salud del sistema nacional
- Orientación en rutas de atención institucional
- Entrega de ayudas específicas para la primera infancia
Articulación interinstitucional
La procuradora Rangel destacó la importancia de la coordinación entre entidades: "Tenemos que seguir cumpliendo a través de las entidades que se han unido a este llamado, como son el ICBF, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Registraduría Nacional con su servicio de identificación, y los entes territoriales a través de sus secretarías de Salud y de Educación".
La Procuraduría ha asegurado que estas intervenciones continuarán en otros puntos del departamento, con el objetivo de hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales y cerrar las brechas que persisten afectando a las comunidades wayúu. Este esfuerzo representa un paso significativo en la materialización de los derechos constitucionales para una población que ha enfrentado décadas de abandono institucional.
