Proyecto de ley para prohibir la mutilación genital femenina avanza en el Congreso colombiano
La prohibición de la mutilación genital femenina en Colombia dio un paso decisivo en su trámite legislativo este martes 25 de marzo de 2026. La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en tercer debate el proyecto de ley que busca erradicar esta práctica, considerada una de las formas más graves de violencia basada en género contra niñas y mujeres.
Aprobación en comisión y próximo paso en plenaria
La iniciativa legislativa, que ahora deberá enfrentar un último debate en la plenaria del Senado para completar su proceso, fue celebrada por sus impulsores como un avance histórico en la protección de los derechos humanos. La senadora Jennifer Pedraza, una de las principales promotoras del proyecto, expresó su satisfacción tras la votación afirmando: "¡Lo logramos! Aprobamos en tercer debate nuestro proyecto para eliminar la mutilación genital femenina en Colombia. Estamos a un solo debate de sacar a nuestro país de la lista de países que aún permiten esta violencia contra la vida y salud de las niñas".
Respuesta institucional y enfoque integral
La Defensoría del Pueblo de Colombia también se pronunció sobre la aprobación, destacando la importancia de esta iniciativa dentro de la agenda nacional de derechos humanos. El organismo estatal señaló que "el proyecto busca implementar una política pública para erradicar esta práctica y fortalecer la protección de los derechos humanos de las niñas y mujeres". Además, la Defensoría respaldó el enfoque integral del proyecto, que aborda la mutilación genital femenina desde tres dimensiones fundamentales:
- Prevención mediante educación y sensibilización
- Atención especializada a las víctimas y sobrevivientes
- Erradicación definitiva de la práctica
Este enfoque busca específicamente eliminar las barreras culturales, sociales y económicas que limitan el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas y mujeres en Colombia.
Contexto nacional e internacional
En Colombia, la mutilación genital femenina ha sido documentada principalmente en algunas comunidades indígenas, lo que plantea retos adicionales para las intervenciones estatales que deben incorporar un enfoque intercultural. A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró recientemente el llamado a los Estados para erradicar esta práctica nociva.
En un pronunciamiento emitido el 11 de marzo de 2026, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres, la CIDH subrayó la necesidad de adoptar medidas integrales que articulen prevención con enfoques interculturales y de género. El organismo regional advirtió que, aunque en las Américas solo un Estado ha reconocido oficialmente la ocurrencia de esta práctica, existen indicios de su presencia en comunidades indígenas de Suramérica y en contextos de movilidad humana en Norteamérica.
Impactos y obligaciones estatales
La mutilación genital femenina ha sido identificada por organismos nacionales e internacionales como una práctica que vulnera gravemente los derechos fundamentales. La CIDH enfatizó que se trata de una práctica orientada al control de la sexualidad femenina, sustentada en creencias erróneas y estereotipos discriminatorios, que puede generar:
- Consecuencias físicas de largo plazo
- Daños psicológicos persistentes
- Riesgo de muerte en casos extremos
Los Estados, incluida Colombia, tienen obligaciones internacionales claras en esta materia en virtud de instrumentos como la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas obligaciones incluyen garantizar la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación, así como prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Camino hacia la erradicación
La erradicación de la mutilación genital femenina requiere, según los expertos, políticas públicas sostenidas que incluyan procesos educativos continuos, diálogo respetuoso con las comunidades afectadas, fortalecimiento institucional de las entidades responsables y mecanismos de atención integral para las sobrevivientes. El proyecto de ley que avanza en el Congreso colombiano representa un paso fundamental en esta dirección, posicionando a Colombia como un país comprometido con la protección integral de los derechos de las niñas y mujeres.
