Proyecto para erradicar la mutilación genital femenina avanza en el Senado colombiano
La Comisión Primera del Senado de Colombia aprobó por unanimidad, el pasado 25 de marzo, el proyecto de ley que busca prohibir y erradicar la mutilación genital femenina en el territorio nacional. Esta iniciativa legislativa, que ahora deberá enfrentar un último debate en la plenaria del Senado, está a un paso de convertirse en ley formal del país.
Un respaldo unánime con enfoque intercultural
El proyecto, identificado como 440 de 2025 del Senado y acumulado con el 239 de 2024 de la Cámara, recibió el respaldo total de los congresistas presentes en la Comisión Primera, sin votos en contra. La ponencia estuvo liderada por la senadora Clara López, quien destacó la importancia de esta normativa para proteger los derechos de niñas y mujeres en Colombia.
La iniciativa fue impulsada por las representantes Jennifer Pedraza, Alexandra Vázquez y Carolina Giraldo, junto con la senadora Angélica Lozano. Un aspecto fundamental del proyecto es que se construyó en concertación directa con representantes del pueblo emberá, incorporando un enfoque intercultural que busca la prevención, atención y eliminación de esta práctica mediante el diálogo y la educación.
Riesgos para la salud y persistencia en Colombia
La mutilación genital femenina representa graves riesgos para la salud física y mental de las niñas y mujeres que la sufren. En el corto plazo puede causar hemorragias severas, infecciones peligrosas, dolor extremo e incluso la muerte. A largo plazo, está asociada con complicaciones obstétricas, disfunciones sexuales y afectaciones psicológicas como depresión y estrés postraumático.
Colombia es el único país de América Latina donde se han documentado casos de esta práctica, principalmente en niñas menores de un año. Aunque las cifras muestran una tendencia a la disminución, la práctica persiste: en 2023 se reportaron 91 casos, en 2024 fueron 54 y en 2025 se registraron 39 casos.
Un enfoque integral sin sanciones punitivas
A diferencia de otras iniciativas legislativas, este proyecto no contempla sanciones penales o punitivas. En su lugar, propone un enfoque integral basado en la concientización comunitaria, la protección especial de la niñez, la promoción de la salud sexual y reproductiva, y el respeto por las tradiciones culturales.
La senadora indígena Aida Quilcué celebró la aprobación en la Comisión Primera, afirmando en sus redes sociales: "Reafirmamos que estas prácticas no hacen parte ni son cultura; por el contrario, han marcado el horror en la vida de niñas y mujeres en los diferentes rincones de nuestro país".
Carrera contra el tiempo legislativo
El proyecto enfrenta una limitación temporal importante: tiene solo tres meses para completar su trámite legislativo, con fecha límite hasta el 20 de junio. De no superar el último debate en la plenaria del Senado antes de esa fecha, la iniciativa se hundiría por vencimiento de términos.
Juliana Domicó, consejera mayor y representante legal de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá (CONNPEC), ha señalado que las organizaciones indígenas están articulando esfuerzos para respaldar la aprobación definitiva del proyecto, reconociendo su importancia para transformar prácticas culturales desde el diálogo y la educación.
Si el proyecto supera el último debate en el Senado, se convertirá en una herramienta legal fundamental para enfrentar una práctica que afecta principalmente a comunidades indígenas y que constituye una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y niñas colombianas.
