Defensoría del Pueblo emite alerta máxima por riesgo extremo para comunidades indígenas en Guainía
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una Alerta Temprana de Inminencia que advierte sobre un riesgo extremo para varias comunidades indígenas en el departamento de Guainía, debido a la intensificación del conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas FARC.
Comunidades indígenas en peligro inminente
La alerta número ocho de 2026 se centra específicamente en las comunidades indígenas Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave que habitan en:
- Zonas rurales de Inírida
- Áreas no municipalizadas de Puerto Colombia
- Territorios de San Felipe
- Regiones de La Guadalupe
- Zonas de Cacahual
Según el informe de la Defensoría, la población civil se encuentra atrapada en medio de la confrontación entre el frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el frente Acacio Medina, perteneciente a la disidencia conocida como Segunda Marquetalia.
Control de rutas ilícitas y restricción de movilidad
La Defensoría del Pueblo ha identificado que el conflicto entre estos grupos armados ilegales está directamente relacionado con:
- El control de rutas del narcotráfico
- La explotación de economías ilícitas como la minería ilegal
- La imposición de normas de control social sobre las comunidades
Esta situación ha derivado en una grave afectación de la vida cotidiana de las comunidades indígenas, con consecuencias particularmente preocupantes en los corredores fluviales, que constituyen las principales vías de movilidad en esta zona selvática.
Los ríos han sido convertidos en rutas restringidas por los grupos armados, limitando actividades básicas como:
- La pesca tradicional
- El transporte de alimentos
- La movilidad entre comunidades
Esta restricción ha generado escenarios de confinamiento para miles de habitantes indígenas, agravando la crisis humanitaria en la región.
Vulnerabilidad específica de niños y adolescentes
La Defensoría ha alertado especialmente sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en estos territorios, destacando dos amenazas principales:
- El peligro de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados
- La interrupción de las actividades escolares debido a amenazas contra docentes en los resguardos indígenas
La entidad recordó que la vulnerabilidad estructural de los pueblos indígenas frente al conflicto armado ha sido reconocida por la Corte Constitucional de Colombia desde hace más de una década. En el Auto 004 de 2009, el alto tribunal advirtió que el conflicto representa una amenaza directa para la supervivencia física y cultural de varias comunidades indígenas del país.
Recomendaciones urgentes al Estado colombiano
Ante el nivel de riesgo calificado como extremo, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a una respuesta inmediata y coordinada del Estado colombiano, con recomendaciones específicas dirigidas a diversas entidades:
Al Ministerio del Interior se le pidió activar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) para coordinar acciones entre las diferentes entidades del Gobierno y elaborar planes de respuesta frente a la crisis humanitaria.
Al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública se les solicitó reforzar la seguridad en los corredores fluviales fronterizos, mientras que a la Unidad para las Víctimas se le pidió garantizar asistencia humanitaria para las comunidades que puedan quedar confinadas por la intensificación del conflicto armado.
El llamado de la Defensoría también fue dirigido a la Gobernación de Guainía y a la Alcaldía de Inírida para que adopten medidas que permitan atender el posible desabastecimiento y proteger a las comunidades indígenas afectadas por la violencia.
Esta alerta representa un llamado urgente a la acción estatal para proteger a poblaciones que históricamente han sufrido los efectos más graves del conflicto armado colombiano, y cuya supervivencia cultural y física está nuevamente en peligro inminente.
