Ciudadano venezolano exige indemnización millonaria tras deportación irregular
Un migrante venezolano que fue deportado desde Estados Unidos hacia una cárcel de máxima seguridad en El Salvador ha interpuesto una demanda judicial contra el gobierno del expresidente Donald Trump, reclamando una indemnización de 1,3 millones de dólares por daños y perjuicios. Este caso representa el primer reclamo económico presentado por un venezolano deportado a un tercer país, según información revelada este miércoles por el periódico The Miami Herald.
Detención arbitraria y violación de derechos
Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, presentó formalmente la demanda el pasado 24 de marzo, argumentando que las autoridades estadounidenses le negaron sistemáticamente su derecho al debido proceso legal. El joven venezolano asegura que fue identificado erróneamente como miembro de la banda criminal Tren de Aragua basándose únicamente en sus tatuajes, los cuales -explica- representan a su esposa, su hija y su profesión.
La detención ocurrió el 13 de marzo de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron en Irving, Texas, a pesar de contar con una audiencia migratoria programada para 2028 y una solicitud activa de Estatus de Protección Temporal (TPS).
Deportación que violó orden judicial
La demanda judicial destaca que el vuelo de deportación que trasladó a León Rengel desde Estados Unidos violó explícitamente una orden de restricción temporal que impedía su remoción del país. El documento legal sostiene que funcionarios federales ignoraron intencionalmente este fallo judicial, procediendo con la expulsión de manera irregular.
Además, el migrante cuestiona el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar su deportación sin cumplir con los procedimientos legales establecidos. "Cuando la gente te señala con el dedo, resulta muy difícil", expresó León Rengel al medio periodístico, aclarando que su objetivo principal no es regresar a Estados Unidos sino limpiar su nombre y demostrar lo que realmente sucedió.
Torturas en prisión salvadoreña
Durante su entrevista con CBS News, el venezolano describió con detalle los maltratos sufridos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, donde fue recluido tras su deportación. Relató que los guardias golpeaban a los reclusos y los obligaban a beber la misma agua utilizada para bañarse, situación que calificó como "un infierno total".
León Rengel confesó haber contemplado el suicidio durante su encierro, evidenciando la gravedad de las condiciones carcelarias. "Lo que les ocurrió a los venezolanos enviados al Cecot podría sucederle a cualquiera, a cualquier migrante en este país", advirtió el demandante, subrayando la importancia de su caso como precedente para la protección de derechos migratorios.
Base legal de la demanda millonaria
La reclamación económica se fundamenta en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, presentando cuatro cargos específicos contra el gobierno estadounidense:
- Negligencia en el procedimiento de identificación
- Imposición intencional de angustia emocional
- Abuso de proceso legal
- Encarcelamiento erróneo e injustificado
El monto de 1,3 millones de dólares corresponde a daños compensatorios por los perjuicios físicos, psicológicos y morales sufridos durante todo el proceso de detención, deportación y encarcelamiento en el extranjero.
Contexto migratorio y resolución
León Rengel había ingresado a Estados Unidos en junio de 2023 mediante la aplicación CBP One, iniciativa establecida durante el gobierno de Joe Biden para gestionar solicitudes de asilo. Su caso forma parte de los cientos de venezolanos deportados por la administración Trump hacia el CECOT en El Salvador, donde permanecieron incomunicados bajo la calificación de "criminales extremadamente peligrosos".
Finalmente, el migrante fue repatriado a Venezuela en julio de 2025 como parte de un intercambio de prisioneros pactado entre los gobiernos de Trump y Nicolás Maduro. A pesar de encontrarse nuevamente en su país de origen, el venezolano insiste en que Estados Unidos mantiene responsabilidad legal por los tratos recibidos durante su detención en territorio salvadoreño, argumentando que las autoridades estadounidenses ejercían control sobre su situación incluso estando en el extranjero.
