ONU denuncia patrón estructural de violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia
Un informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado este jueves, advierte que los 410 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos registrados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 en Colombia han dejado de ser producto de una coyuntura violenta para convertirse en un patrón estructural y un fenómeno extendido en el territorio nacional. Este documento subraya que la violencia se dirige principalmente contra líderes de base con alta incidencia en la organización social y la representación comunitaria, fundamentales para la cohesión social y la gobernanza.
Impacto desproporcionado en poblaciones rurales y étnicas
El análisis detalla que del total de víctimas, 354 eran hombres, 49 mujeres y 7 personas LGBTIQ+, incluyendo 4 mujeres trans, 2 hombres gay y 1 persona no binaria. Además, el impacto recae de manera desproporcionada en poblaciones rurales y étnicas: 171 víctimas eran campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes. Esto refleja la estrecha relación entre la violencia y los territorios donde confluyen disputas armadas y ausencia estatal, según el informe.
Concentración territorial y dinámicas de violencia
El informe documenta una fuerte concentración territorial de la violencia, con la mayor cantidad de casos en el departamento de Cauca (84), seguido de Valle del Cauca (37), Nariño (36), Arauca (36) y Putumayo (34). Otras zonas afectadas incluyen Norte de Santander (21), Antioquia (19), Bolívar (15), Chocó (14) y Guaviare (14). La ONU señala que la reiteración de homicidios a lo largo de los cuatro años confirma que no se trata de eventos coyunturales, sino de patrones estructurales de agresión, dirigidos contra personas defensoras indígenas, campesinas, comunitarias y comunales por parte de grupos armados no estatales.
Responsabilidad de actores armados y debilidades estatales
El análisis identifica que el 73% de los asesinatos podrían corresponder a actores armados no estatales, quienes utilizan estas estrategias para ganar control social y territorial. A pesar de algunos avances institucionales, la respuesta judicial sigue siendo limitada: menos del 20% de los casos ha alcanzado una sentencia, y miles de amenazas y ataques no presentan avances investigativos. El informe también critica las debilidades del Estado, especialmente a nivel municipal, describiendo una falta de articulación que limita la prevención y protección efectivas.
Amenazas y ataques como formas de silenciamiento
Sumado a los homicidios, la ONU registró 2.018 casos de amenazas y ataques contra personas defensoras en el período 2022-2025. Del total, 1.325 fueron contra hombres, 608 contra mujeres, 29 contra personas LGBTIQ+ y 56 contra organizaciones sociales. La mayoría de las agresiones corresponden a amenazas (63%), incluidas amenazas de muerte (6%), actos de vigilancia (6%), agresiones físicas (4%) y señalamientos o estigmatización (4%). También se documentaron intentos de homicidio (5%) y secuestros (4%).
El informe subraya que estas formas de violencia son efectivas para el silenciamiento y desestructuración de los procesos organizativos, forzando a muchas personas al desplazamiento o al abandono de su labor. En conclusión, la ONU afirma que Colombia sigue siendo un país altamente riesgoso para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, con niveles preocupantes de violencia a pesar de las políticas de protección existentes.
