Policía Nacional identifica 208 municipios con factores de riesgo para elecciones legislativas
A pocos días de la jornada electoral de 2026, la quinta versión del Mapa de Prevención y Seguridad Electoral de la Policía Nacional ha identificado 208 municipios con factores de riesgo distribuidos en los 32 departamentos del país. Este diagnóstico estratégico permite orientar las acciones de seguridad para garantizar el normal desarrollo del proceso democrático.
Análisis detallado de territorios vulnerables
El informe, elaborado dentro del Plan Democracia, señala que estos municipios presentan variables asociadas a diversos delitos electorales, incluyendo:
- Presiones sobre votantes y constreñimiento al sufragante
- Compra de votos y financiación irregular de campañas
- Violación al régimen de inhabilidades
- Condiciones que podrían afectar el desarrollo de la jornada electoral
Con base en este análisis minucioso, las autoridades han concentrado capacidades operativas y de inteligencia en territorios donde históricamente se han registrado incidentes durante procesos electorales anteriores.
Despliegue masivo de seguridad
Este diagnóstico se integra a un despliegue nacional de seguridad sin precedentes, en el que participan más de 120.000 policías distribuidos estratégicamente en el territorio nacional. Según la institución, la Policía Nacional asumirá la seguridad en el 90% de las mesas de votación del país, con monitoreo permanente desde el Sistema de Información Plan Democracia.
El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, explicó que este dispositivo busca garantizar el desarrollo del certamen electoral y proteger el ejercicio del voto. "Con el despliegue de 120 mil hombres y mujeres en todo el país, la Policía Nacional garantiza que las elecciones de 2026 se desarrollen con seguridad, transparencia y pleno respeto por la voluntad popular", afirmó el alto oficial.
Focos de atención regional
El mapa electoral ubica focos de atención en distintas regiones del país, con seguimiento particular en departamentos como Antioquia, Cauca y Norte de Santander. La herramienta permite anticipar escenarios de riesgo y orientar la presencia institucional antes y durante la jornada de votación.
La herramienta cartográfica representa un avance significativo en la planificación de seguridad electoral, permitiendo una respuesta más eficiente y focalizada en los territorios que presentan mayores desafíos para el desarrollo democrático.
Combate a delitos electorales
En paralelo al despliegue preventivo, las autoridades mantienen operativos para investigar delitos relacionados con el proceso electoral. Para estas tareas fue conformado el Equipo Especial Contra Delitos Electorales, integrado por investigadores, fiscales y personal de inteligencia desplegado en varias regiones del país.
Como parte de estas acciones, las autoridades reportaron la incautación de 875 millones de pesos cuyo origen no ha sido justificado en departamentos como Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Santander, La Guajira y Cundinamarca. Las operaciones se realizan en coordinación con diferentes entidades del Estado a través del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral.
Protección a candidatos y mecanismos de denuncia
El esquema de seguridad también incluye medidas de protección para los aspirantes que participan en la contienda electoral. En el marco del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Certamen Electoral se han realizado sesiones para evaluar riesgos y definir esquemas de seguridad para:
- Candidatos presidenciales
- Aspirantes al Congreso de la República
- Representantes de circunscripciones de paz
Actualmente, 696 policías integran 153 esquemas de protección, mientras que otros uniformados han acompañado desplazamientos de candidatos y campañas en vías nacionales, aeropuertos, eventos públicos y zonas rurales.
Las autoridades mantienen habilitada la línea 157 para recibir denuncias relacionadas con el proceso electoral. El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar a responsables de delitos contra el voto, fortaleciendo así los mecanismos de participación ciudadana en la protección del proceso democrático.
