La lucha anticorrupción domina el debate electoral presidencial de 2026
En los últimos días, la batalla contra la corrupción se ha convertido en uno de los ejes más visibles y recurrentes de la campaña presidencial colombiana para las elecciones de 2026. Prácticamente todos los candidatos han decidido posicionar este tema en el centro de sus discursos y propuestas programáticas, respondiendo a una creciente preocupación ciudadana.
Según el Índice de protagonismo electoral elaborado por Babel Group en marzo, la corrupción fue el segundo asunto que más marcó la agenda pública nacional, solo superado por las discusiones sobre el sistema de salud. Esta relevancia se refleja en el énfasis que los aspirantes presidenciales están dando al tema en sus intervenciones públicas.
Propuestas variadas pero con enfoques similares
Uno de los movimientos más recientes lo protagonizó Iván Cepeda durante un evento en Bucaramanga, donde presentó propuestas para fortalecer lo que denominó un Sistema Nacional Anticorrupción. Entre sus principales apuestas está la radicación ante el Congreso de una Ley Nacional Anticorrupción que tipifique el saqueo de recursos públicos como delito grave, acompañada de un endurecimiento de penas.
"En nuestro segundo gobierno, el combate contra la corrupción será implacable", afirmó Cepeda. Sin embargo, su planteamiento no ha estado exento de críticas, especialmente desde sectores opositores que recuerdan los escándalos de corrupción que han rodeado al actual gobierno.
Por su parte, Sergio Fajardo ha buscado convertir la anticorrupción en una narrativa simbólica, utilizando escobas como emblema de limpieza institucional en sus eventos. Su discurso gira alrededor de la visibilización de los llamados "elefantes blancos" y de la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción que concentre funciones hoy dispersas entre diversas entidades estatales.
Diagnósticos preocupantes y retrocesos recientes
Según análisis recientes de Transparencia por Colombia, entre 2022 y 2025 se registró un retroceso sostenido en materia de lucha anticorrupción. La organización advierte que la distancia entre el discurso oficial, el alcance limitado de las medidas implementadas y los escándalos que han rodeado al alto gobierno -como los casos de la UNGRD e Invías- han impedido avances estructurales significativos.
"Este tema aparece porque tenemos un alto nivel de desconfianza institucional, sumado a los escándalos recientes. Pero además es un tema 'seguro' para los candidatos: conecta con la ciudadanía sin generar grandes divisiones. Todos están en contra de la corrupción", explica María Lucía Jaimes, analista política consultada para este análisis.
Coincidencia temática entre candidatos diversos
Lo llamativo del fenómeno actual no es solo la coincidencia temática entre los aspirantes presidenciales, sino la forma en que la anticorrupción se ha convertido en un marco compartido por campañas muy distintas entre sí ideológicamente. Aparece como una narrativa capaz de explicar el mal funcionamiento del Estado y de conectar con un malestar ciudadano persistente frente al uso de los recursos públicos.
Claudia López fue una de las primeras candidatas en adherirse a los compromisos promovidos por el Instituto Anticorrupción, proponiendo la creación de una Fiscalía antimafia y anticorrupción, un tribunal de vigilancia para la contratación estatal y mecanismos de presupuesto participativo.
Desde otro sector político, Paloma Valencia ha incorporado el tema dentro de una crítica más amplia al gobierno saliente, proponiendo un "modelo de control en tiempo real, uso de inteligencia artificial y transparencia en la contratación pública".
También Abelardo de la Espriella incluyó el tema dentro de sus 13 ejes programáticos, al proponer una "guerra frontal contra la corrupción" y un Estado "transparente, trazable y vigilado".
Recomendaciones expertas versus propuestas electorales
La gran pregunta que surge es qué tanto los énfasis de las distintas campañas responden a las necesidades actuales del país y qué tanto permanecen en el terreno de la retórica electoral. Según el paquete de recomendaciones elaborado por Transparencia por Colombia a los candidatos, la prioridad no está en crear nuevas leyes o endurecer penas, sino en desarrollar una estrategia integral basada en:
- Voluntad política sostenida
- Fortalecimiento institucional real
- Coherencia e integridad en el Estado
- Mayor articulación entre entidades
- Acceso efectivo a información pública
- Seguimiento claro al presupuesto
- Protección a denunciantes
- Transparencia en financiación de campañas
"Si bien el Congreso de la República puede incidir de manera decisiva en la superación de los retos estructurales que perpetúan la corrupción, la sola expedición de leyes no es suficiente para combatir este fenómeno", advierte la organización en sus documentos de análisis.
Propuestas más punitivas que preventivas
En ese marco, las propuestas de los candidatos coinciden solo parcialmente con las recomendaciones expertas. Esto se evidencia en sus enfoques predominantemente legislativos o punitivos, pero menos preventivos y estructurales.
Para la analista María Lucía Jaimes, varias de estas propuestas siguen moviéndose en el plano discursivo: "Colombia no necesita más leyes, sino que las que existen funcionen mejor: más control real, mejor contratación pública y transparencia en la financiación política".
La experta añade que el problema fundamental no es la ausencia de normas anticorrupción, sino su implementación efectiva y la pérdida de credibilidad institucional que ha caracterizado los últimos años.
Mientras los candidatos continúan presentando sus propuestas y compitiendo por el voto ciudadano, organizaciones como Transparencia por Colombia insisten en que la verdadera batalla contra la corrupción requiere más que discursos electorales: exige voluntad política sostenida, fortalecimiento institucional genuino y mecanismos de control que funcionen en la práctica y no solo en el papel.
