Candidatos al Congreso exponen graves riesgos de seguridad en campaña electoral
A cinco días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, múltiples candidatos al Congreso de la República por la región Caribe han denunciado graves problemas de seguridad y una alarmante falta de protección institucional durante sus campañas electorales. Los aspirantes legislativos han revelado la cruda realidad detrás de la cancelación forzada de agendas políticas en diversos municipios, atribuyéndola directamente a amenazas y riesgos inminentes para su integridad física.
Testimonios directos de candidatos afectados
Alfredo Deluque, senador por el Partido de la U y candidato a la reelección representando a La Guajira, compartió su experiencia personal: "Tuve que cancelar varias agendas en el país porque no podíamos llegar a las regiones. El viernes pasado estaba en el municipio de Maicao y me llamó un mayor de la Policía informándome sobre una amenaza de secuestro contra candidatos en el departamento". El legislador cuestionó abiertamente si existe seguridad real para los candidatos ad portas de las elecciones.
Deluque fue más allá al afirmar que "la Unidad Nacional de Protección en este gobierno está completamente ideologizada", asegurando que la protección a líderes de oposición se brinda a regañadientes. El senador incluso denunció haber sido regañado por el director de la entidad al solicitar esquemas de seguridad adecuados para su campaña.
Restricciones territoriales y polarización violenta
Por su parte, Juan Rachif, candidato de la Alianza Verde, confirmó restricciones territoriales significativas: "Dentro de mi agenda yo tenía el 21 de enero ir a Ocaña, Norte de Santander. No pude ir porque los líderes me dijeron preferiblemente no vengas porque la situación en materia de seguridad está supremamente crítica". Rachif calificó el sectarismo y la polarización como la fuente principal de violencia en el país, señalando un clima político cada vez más hostil.
Liliana Díaz, candidata del Partido Conservador a la Cámara por Atlántico, también reportó situaciones de inseguridad preocupantes: "Hubo momentos en los cuales tampoco pude asistir a reuniones y tuve que dejar talleres por la mitad porque en el barrio yo iba a hacer ese taller, hubo tres muertos dos horas antes de mi actividad". Este testimonio ilustra cómo la violencia generalizada afecta directamente el desarrollo normal de las campañas políticas.
Preocupación por instrumentalización política de la inseguridad
Etephanny Galeano, candidata a la Cámara del Partido Alianza Verde en Bolívar, advirtió sobre el uso político de la inseguridad: "Es profundamente preocupante que utilicen la seguridad y sobre todo generalicen el tema de la violencia como si eso fuera un eslogan de campaña". La candidata destacó además la grave crisis de feminicidios en Bolívar, donde "solo en el 2025 más de 40 mujeres sufrieron casos de feminicidio y más de 200 personas permanecen desaparecidas desde 2019".
Alertas institucionales y críticas a política de paz
La situación se enmarca en las graves alertas de riesgo electoral emitidas por la Misión de Observación Electoral, que ha identificado 170 municipios en riesgo electoral, afectando aproximadamente 4,5 millones de colombianos aptos para votar. Los factores identificados incluyen:
- Violencia directa contra candidatos y electores
- Constreñimiento electoral sistemático
- Presión de grupos armados ilegales
- Trashumancia forzada de poblaciones
Los candidatos coincidieron en señalar el fracaso de la política de paz total del gobierno actual. Deluque citó datos de la Defensoría del Pueblo sobre el incremento del riesgo país y control territorial por grupos ilegales, mientras que Rachif recordó: "Con Juan Manuel Santos se desmovilizaron miles, con Duque se desmovilizaron miles y con Gustavo Petro no se ha desmovilizado absolutamente nada".
Esta convergencia de testimonios pinta un panorama preocupante para el proceso democrático colombiano, donde la seguridad de los candidatos y la libertad electoral aparecen seriamente comprometidas en múltiples regiones del país, particularmente en el Caribe colombiano donde se concentran las denuncias más alarmantes.
