Futbolista paralímpico ciego denuncia designación como jurado electoral por Registraduría
Un caso insólito ha generado amplia controversia en las redes sociales colombianas tras revelarse que personas con discapacidad visual total fueron designadas como jurados de votación para las próximas elecciones legislativas. La denuncia pública fue realizada por el reconocido deportista paralímpico Juan David Pérez, integrante de la Selección Colombia de fútbol 5 para ciegos, quien ha representado al país en competencias internacionales como los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde obtuvo diploma olímpico.
La situación particular en Bucaramanga
A través de sus redes sociales, el futbolista dio a conocer esta situación que afecta específicamente a la ciudad de Bucaramanga, donde uno de sus amigos, también con ceguera total, recibió la notificación oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil designándolo como jurado electoral. Lo más preocupante, según Pérez, es que las autoridades electorales no aceptaron los certificados de discapacidad presentados por las personas afectadas, argumentando que necesitaban documentos más actualizados.
Con un tono que mezcla la denuncia seria con cierta ironía, Pérez explicó junto a su amigo Walter la absurda situación: "Ya hemos hecho toda la documentación y acercamos el certificado de discapacidad y lo que nos contesta la Registraduría es que no, que tenemos que buscar uno más actualizado". El deportista aclaró que este tipo de certificados no se actualizan periódicamente a menos que la condición de discapacidad cambie sustancialmente, lo cual en casos de ceguera total no aplica.
El problema burocrático
La contradicción evidente radica en que la misma Registraduría que designa a estas personas como jurados de votación luego no reconoce su condición de discapacidad cuando intentan excusarse legítimamente. "Qué problemática la que ahora tenemos para que la Registraduría acepte que realmente somos ciegos y que no podemos ser jurados de votación", expresó Pérez con evidente frustración.
Esta situación pone en evidencia fallas en los sistemas de verificación y coordinación entre diferentes instancias estatales, particularmente cuando se trata de adaptar procesos electorales a las necesidades de personas con discapacidad.
Causales de exoneración como jurado electoral
Según la normativa colombiana, la designación como jurado de votación es de estricto cumplimiento, pero existen causales específicas que permiten la exoneración justificada:
- Incapacidad física o mental debidamente comprobada mediante certificación médica oficial.
- Grave calamidad doméstica que impida el cumplimiento del deber electoral.
- Ser mayor de sesenta años de edad.
- Ser menor de dieciocho años al momento de la designación.
- Pertenecer activamente a la Fuerza Pública colombiana.
- Desempeñar funciones laborales o profesionales incompatibles el día específico de la elección.
- Encontrarse fuera del territorio nacional durante la jornada electoral.
Para solicitar la exoneración, los ciudadanos designados deben presentar su petición formal ante la delegación correspondiente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de los plazos establecidos después de recibir la notificación oficial. El caso de las personas con discapacidad visual claramente encaja en la primera causal, pero la burocracia parece estar obstaculizando el reconocimiento de este derecho.
Implicaciones más amplias
Este incidente no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que plantea preguntas importantes sobre la accesibilidad e inclusión en los procesos democráticos colombianos. La designación de personas con discapacidad visual como jurados electorales evidencia posibles fallas en los sistemas de cruce de información entre diferentes entidades estatales, así como la necesidad de protocolos más claros para garantizar que las personas con discapacidades puedan participar en la vida democrática de manera adecuada y sin barreras innecesarias.
La denuncia del futbolista paralímpico ha abierto un debate necesario sobre cómo las instituciones colombianas implementan los principios de inclusión y accesibilidad, particularmente en procesos tan fundamentales como las elecciones nacionales.
