Clanes políticos detrás de la mitad de las curules de paz para víctimas del conflicto
Un análisis exclusivo de EL TIEMPO ha revelado que al menos ocho de las dieciséis curules de paz, creadas para representar a las víctimas del conflicto armado en el Congreso, cuentan con el respaldo de estructuras políticas tradicionales y clanes familiares. Estas curules, diseñadas para dar voz a los territorios más afectados por la violencia, estarían siendo cooptadas por maquinarias electorales que ven en ellas una oportunidad de colocar candidatos con un bajo umbral de votos, entre 2.000 y 15.000 sufragios.
Regiones bajo presión de grupos armados y actores políticos
La elección de estos escaños se desarrolló en 168 municipios severamente golpeados por el conflicto, donde grupos armados ilegales mantienen disputas por el control territorial. En Caquetá, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre presiones a la población para influir en el voto libre. En Cartagena del Chairá, una valla con el nombre de la candidata Marlody Rodríguez apareció junto a pendones de las disidencias de las FARC, específicamente del frente Rodrigo Cadete.
En Aracataca, durante la jornada electoral, se registraron enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. Organismos multilaterales y observadores electorales han señalado que la amenaza violenta de estructuras ilegales marcó estos comicios, en territorios que quedaron huérfanos de autoridad tras la desmovilización de las extintas FARC-EP.
Los elegidos y sus vínculos cuestionados
EL TIEMPO accedió a la lista de los dieciséis candidatos electos, identificando apoyos políticos en varios casos:
- Antioquia: Javier Eduardo López, inscrito por el Movimiento Asociación de Víctimas Constructoras de Paz, cuenta con el padrinazgo del cacique político Julián Bedoya, quien también apoyó a María Eugenia Lopera en su exitosa campaña al Senado.
- Norte de Santander: Tatiana Gaona, sobrina del exalcalde Jairo Pinzón y cercana al barón electoral William Villamizar, obtuvo la curul en una región sumida en el conflicto entre el ELN y las disidencias de 'Calarcá'.
- Arauca: Karen Manrique fue reelegida pese a estar imputada por cohecho impropio relacionado con el escándalo de la UNGRD, donde se alega que negoció su voto a cambio de un proyecto de obra.
- Bolívar y Sucre: Luis Ramiro Ricardo, hijo del exalcalde Freddy Ricardo Cantillo, repitió curul con 40.000 votos, superando ampliamente los topes habituales. Su familia controla un grupo político en los Montes de María.
- Putumayo: Jhon Fredy Valencia habría recibido respaldo del exgobernador Buanerges Rosero, quien fracasó en su aspiración a la Cámara.
Casos atípicos y denuncias de irregularidades
No todos los elegidos presentan vínculos cuestionados. En Cauca, Evaristo Viveros y, en Nariño, Arnulfo Mina, no mostraron conexiones con maquinarias políticas según la investigación. Sin embargo, otros casos generan alerta:
- Chocó: James Mosquera repitió curul a pesar de una 'demandatón' ante el CNE y una denuncia ante la Corte Suprema por presunta falsificación en su registro como víctima.
- Urabá: Karen Juliana López triplicó los topes de financiación con 95 millones de pesos reportados, recibiendo apoyos de políticos regionales sin experiencia previa en derechos humanos.
- Córdoba: Laura Vanessa Díaz enfrenta señalamientos de presuntas presiones para inscribir cédulas en Tierralta, lo que configuraría transhumancia electoral.
En la Orinoquía, Alejandro Castillo contó con el respaldo del exgobernador del Guaviare Heydeer Yovanny Palacios y Miguel Ángel Castillo. En Meta, la jornada en La Macarena se vio empañada por un ataque con dron explosivo cerca de un puesto de votación.
Implicaciones para la representación de las víctimas
La cooptación de estas curules por clanes políticos tradicionales pone en riesgo el objetivo original de brindar representación genuina a las víctimas del conflicto armado. Observadores electorales consultados por este diario destacan que estas estructuras ven en los escaños una vía para colocar aliados en el Congreso sin necesidad de grandes capitales políticos, aprovechando los bajos umbrales de votación.
El caso de Jorge Tovar, hijo del exparamilitar 'Jorge 40', quien fue designado como delegado de víctimas en la Mesa de Cierre de Ralito, ejemplifica las contradicciones en este proceso. Su elección generó polémica por su linaje y su rol como ficha clave del oficialismo en el periodo 2022-2026.
La elección de las curules de paz, concebida como un mecanismo de reparación y participación política para las comunidades más afectadas por la violencia, enfrenta así el desafío de garantizar que sus representantes actúen con independencia y prioricen los intereses de las víctimas sobre los de maquinarias electorales y grupos de poder tradicional.
