Vínculos cuestionados en el Consejo Nacional Electoral
En una situación que pone en evidencia graves problemas de transparencia en el sistema electoral colombiano, se ha revelado que Hollman Ibáñez, el conjuez cuyo voto determinó la exclusión de Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, mantiene estrechos vínculos profesionales con Abelardo de la Espriella, principal opositor político del senador de izquierda en la actual campaña presidencial.
Conflictos de interés no declarados
La investigación periodística demostró que Ibáñez se desempeña actualmente como director de derecho electoral de De la Espriella Lawyers, el bufete del candidato presidencial que tiene interés directo en eliminar a su rival político de las consultas. A pesar de esta evidente relación, el Consejo Nacional Electoral no encontró mérito para declarar su impedimento, permitiendo que el conjuez votara en contra de Cepeda.
La situación se agrava al conocerse que una de las oficinas profesionales de Ibáñez comparte la misma dirección del bufete de De la Espriella, lo que hace aún más difusa la supuesta separación profesional entre ambos. Además, el mismo conjuez fue defensor electoral del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, reconocido adversario político y judicial de Iván Cepeda.
Antecedentes polémicos en la Registraduría
La trayectoria de Hollman Ibáñez está marcada por episodios anteriores que cuestionan su idoneidad para ejercer funciones electorales. Hace catorce años, durante su cargo como director de Censo Electoral en la Registraduría Nacional, se vio involucrado en un escándalo que terminó con su salida de la entidad.
En 2011, durante las campañas regionales, la oficina a cargo de Ibáñez declaró inválidas las candidaturas de Susana Correa y Rodrigo Guerrero en Cali. Ambos aspirantes denunciaron haber recibido comunicaciones intimidantes que exigían sobornos:
- A Susana Correa le solicitaron 40 millones de pesos para "cuadrar" las cédulas faltantes
- A Rodrigo Guerrero le pidieron 200 millones de pesos para revertir la cancelación de su inscripción
La gravedad de las acusaciones obligó al entonces presidente Juan Manuel Santos a intervenir ante el Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez, quien removió a Ibáñez de su cargo. Aunque las investigaciones judiciales nunca determinaron responsabilidad penal, el escándalo terminó con la carrera del funcionario en la Registraduría.
Falta de respuesta institucional
Pese a las revelaciones sobre los vínculos de Ibáñez con De la Espriella, todos los poderes públicos se han limitado a encogerse de hombros, ignorando las evidentes implicaciones éticas del caso. La situación se agrava con el silencio de la actual Registraduría Nacional frente a solicitudes de información sobre la validez de firmas de apoyo a candidatos presidenciales.
El Registrador Nacional Hernán Penagos se ha limitado a emitir comunicados que no responden a las preguntas específicas sobre transparencia en el proceso de verificación de firmas, generando dudas sobre posibles favorecimientos o perjuicios a campañas específicas.
Lo más preocupante es que Colombia parece condenada a repetir sus errores: un funcionario defenestrado de la Registraduría hace década y media hoy ejerce como árbitro de última instancia en el Consejo Nacional Electoral, tomando decisiones que afectan directamente la contienda presidencial.
