Defensoría del Pueblo advierte sobre baja respuesta estatal frente a riesgos electorales para 2026
La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, presentó este lunes 23 de febrero el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025, emitida ante los posibles riesgos que podrían afectar el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos en los procesos electorales previstos para 2026. El balance, entregado cuatro meses después de su expedición, advierte una baja respuesta estatal frente a las recomendaciones formuladas, lo que pone en peligro la integridad de los comicios.
Clasificación de municipios vulnerables y aumento de riesgos
La Alerta Temprana identificó un amplio número de municipios en situación de vulnerabilidad, clasificados según distintos niveles de advertencia. Inicialmente, 257 territorios fueron ubicados en Llamado a la Acción Ordinaria; 216 en Llamado a la Observación Permanente; 425 en Llamado a la Acción Prioritario; 162 en Llamado a la Acción Urgente; y 62 en Llamado a la Acción Inmediata. Esta categorización buscaba orientar la adopción de medidas diferenciadas y urgentes para mitigar amenazas contra la participación política y la seguridad electoral.
Sin embargo, el seguimiento revela que, lejos de disminuir, algunas categorías de riesgo se han incrementado. El número de municipios en Llamado a la Acción Prioritario pasó de 425 a 433; en Llamado a la Acción Urgente aumentó de 162 a 168; y en Llamado a la Acción Inmediata subió de 62 a 69. Para la Defensoría, estas cifras reflejan que las condiciones que motivaron la alerta no solo persisten, sino que en ciertos casos se han agravado, evidenciando una falta de acción efectiva por parte del Estado.
Índice de Respuesta Estatal y casos críticos de incumplimiento
El análisis institucional incluyó la medición del Índice de Respuesta Estatal frente a los llamados emitidos. De acuerdo con el informe, este indicador no supera el 65% de cumplimiento y, en determinados casos, se ubica en un 0%. Esta variación evidencia, según la entidad, una respuesta desigual y en ocasiones inexistente por parte de algunas autoridades, lo que debilita la gobernanza y reduce la capacidad de respuesta efectiva del Estado.
Uno de los ejemplos más críticos corresponde a la recomendación relacionada con el fortalecimiento comunitario y organizativo, dirigida al Consejo Nacional Electoral. La Defensoría había solicitado garantizar el pago oportuno de la reposición de votos correspondientes a las elecciones de 2023. No obstante, el avance reportado es del 0%, ya que la autoridad electoral no presentó un cronograma de cumplimiento ni informó las razones del retraso, lo que genera preocupación sobre la preparación para los próximos comicios.
Problemas de coordinación y avances limitados en acciones clave
En cuanto a la recomendación formulada a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), adscrita al Ministerio del Interior, el progreso apenas alcanza el 29%. Esta directriz buscaba fortalecer la articulación institucional y asegurar la implementación del Decreto 800 de 2025, instrumento clave para coordinar acciones preventivas frente a los riesgos advertidos.
Por su parte, las acciones solicitadas a la Fuerza Pública para garantizar acompañamiento antes, durante y después de los comicios registran un avance del 65%, cifra que, aunque superior a otras, resulta limitada si se considera la proximidad de las elecciones legislativas. La Defensoría atribuye esta situación, en parte, a problemas de coordinación entre entidades estatales, lo que está debilitando la capacidad de respuesta efectiva frente a amenazas que comprometen la participación política.
Nuevas recomendaciones y llamado a la acción urgente
Además, el documento señala persistentes falencias en materia de garantías de seguridad, riesgos para la participación en zonas Citrep y barreras en el acceso a la justicia. Ante este panorama, la entidad anunció seis nuevas recomendaciones orientadas a fortalecer la respuesta institucional:
- Mejorar la coordinación de los mecanismos de reacción rápida.
- Reforzar las acciones de disuasión y las garantías de seguridad.
- Implementar medidas de prevención y protección para candidaturas y población en riesgo.
- Impulsar la investigación y judicialización de delitos electorales.
- Promover la participación y la confianza ciudadana.
- Robustecer los mecanismos de vigilancia y control institucional.
Con este nuevo llamado, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de adoptar medidas oportunas y articuladas que permitan salvaguardar los derechos políticos y asegurar condiciones adecuadas de cara a los comicios de 2026, subrayando la urgencia de actuar ante el aumento de municipios en riesgo y la baja respuesta estatal.
