Nueva demanda judicial amenaza participación electoral del Pacto Histórico
El Pacto Histórico enfrenta una nueva batalla legal a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, luego de que el exregistrador delegado Nicolás Farfán presentara un recurso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando que no se contabilicen los votos de varias de sus listas a la Cámara de Representantes.
Recurso legal busca excluir votación en cinco circunscripciones
En el documento presentado, Farfán solicita específicamente que se excluya la votación correspondiente a las listas del Pacto Histórico en Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca y la circunscripción internacional. El exfuncionario pide que estos votos sean calificados como "votos no marcados" durante el escrutinio electoral.
"Se ordene al CNE adoptar medidas concretas, eficaces y verificables para garantizar que las listas, cuya inscripción fue revocada, no produzcan efectos electorales", se lee en la demanda presentada por Farfán, quien anteriormente trabajó en la Registraduría Nacional durante la gestión de Alexander Vega.
Antecedentes de controversias legales
Esta no es la primera vez que Farfán presenta recursos contra candidatos del Pacto Histórico. Anteriormente, el exregistrador había radicado demandas ante el Consejo Nacional Electoral que resultaron en la revocación de algunas listas, las cuales posteriormente fueron reinscritas ante la Registraduría Nacional.
Sin embargo, Farfán argumenta que la forma en que estas listas fueron reinscritas presenta irregularidades, lo que lo motivó a presentar esta nueva demanda judicial apenas días antes de las elecciones legislativas.
Respuesta del Pacto Histórico
Desde el Pacto Histórico, los dirigentes han defendido la legitimidad de sus listas y han calificado las acciones de Farfán como una persecución política. Los representantes del movimiento político señalan que el exregistrador previamente asesoró a la candidata presidencial Vicky Dávila en la recolección de firmas, lo que según ellos evidencia un conflicto de intereses.
La situación genera especial preocupación considerando la proximidad de las elecciones del 8 de marzo, donde los colombianos elegirán nuevos miembros para el Senado y la Cámara de Representantes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá pronunciarse sobre este recurso en los próximos días, lo que podría tener implicaciones significativas en el proceso electoral.
Contexto político y electoral
Este caso se desarrolla en un contexto donde el presidente Gustavo Petro ha reiterado que no pedirá el tarjetón de las consultas, afirmando que votará por la conformación del nuevo Senado y Cámara. La controversia legal llega en un momento crucial para la democracia colombiana, donde la transparencia y legalidad de los procesos electorales son fundamentales para la legitimidad de los resultados.
La resolución de este caso podría establecer precedentes importantes sobre los mecanismos de control y supervisión de las inscripciones de candidaturas, así como sobre los plazos y procedimientos para impugnaciones electorales en vísperas de comicios.
