Procuraduría establece medidas históricas para proteger a mujeres en política
Una directriz de siete páginas emitida por la Procuraduría General de la Nación podría marcar un punto de inflexión fundamental para las mujeres que deseen participar en procesos electorales en Colombia. Este mes, el Ministerio Público expidió oficialmente la Directiva 004, un documento que insta específicamente a prevenir la violencia política contra mujeres que aspiran al Senado o a ocupar la Casa de Nariño a partir del presente año.
Estrategia integral para comicios equitativos
La Directiva forma parte de un paquete de medidas ambicioso que la Procuraduría ha expedido en los últimos meses con un doble objetivo: garantizar que Colombia viva unos comicios justos y transparentes, y asegurar que las mujeres tengan todas las garantías necesarias al entrar en la carrera electoral sin ser violentadas en razón de su género.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, explicó que esta Directiva pertenece a la estrategia Paz Electoral y tiene el propósito fundamental de reunir esfuerzos institucionales para prevenir que las mujeres candidatas sean objeto de agresiones motivadas por estereotipos de género. Además, recalcó que la medida no solo tiene un componente preventivo, sino que facilita nuevos canales de denuncia para que quienes incurran en estas prácticas reciban sanciones ejemplarizantes.
Contexto legislativo y antecedentes
En 2025, Colombia logró un hito histórico al conseguir la aprobación por parte del Congreso de la Ley 2453, una normativa que endureció significativamente las penalidades para quienes cometan violencia política, tanto contra candidatas como contra funcionarias públicas ya posesionadas en sus cargos.
Esta ley rompió décadas de impunidad contra alcaldesas, concejalas o lideresas sociales en cargos de poder que, aun demostrando que eran atacadas en razón de su género, no contaban con los medios judiciales adecuados para lograr justicia, pues anteriormente esta práctica no era considerada como una falta dentro del marco estatal.
Capacitación masiva y nuevos canales de denuncia
La Directiva ordena sensibilizar a aproximadamente 10.500 funcionarios mediante capacitación en enfoque de género y actividades pedagógicas que les permitan identificar y saber cómo actuar cuando se presenten casos de violencia política contra mujeres.
El documento, que llegó a los 32 departamentos donde existen oficinas territoriales de la Procuraduría, establece un nuevo canal de denuncia en el cual tanto funcionarios como ciudadanos podrán reportar y hacer seguimiento a hechos relacionados con agresiones contra mujeres en el ámbito político.
Este canal funcionará inicialmente por vía telefónica durante todos los días hábiles, recibiendo llamadas que podrían desencadenar investigaciones con posibles sanciones administrativas, civiles o incluso penales. También operará mediante internet y por escrito, permitiendo la presentación de documentación y pruebas sobre presuntos delitos cometidos por razón de género contra mujeres en política.
Sistema de registro y políticas futuras
La Directiva va más allá de la simple denuncia al establecer que todos los casos reportados deben ser registrados en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), una base de datos especializada que recopilará todas las entradas y detalles de casos asociados con estos delitos.
El registro sistemático en Uriel representa un esfuerzo significativo para que Colombia cuente en una sola plataforma con cifras reales, actualizadas y detalladas sobre los contextos de violencia que enfrentan las mujeres en la arena política. Este acopio de información podría permitir que, a futuro, el país y sus gobernantes desarrollen políticas públicas más robustas y efectivas para enfrentar la violencia política contra las mujeres.
Medidas complementarias y alcance electoral
La Directiva incluye otras órdenes vinculantes igualmente importantes, como la remisión de denuncias a las entidades competentes cuando la Procuraduría no tenga jurisdicción sobre algún caso específico, y el despliegue de funcionarios durante los comicios para garantizar que los derechos electorales de las mujeres sean respetados integralmente.
La medida es considerada tanto por funcionarias públicas como por la ciudadanía como un instrumento fundamental para garantizar mayor equidad de género en las elecciones al legislativo programadas para el próximo 8 de marzo, así como en las votaciones presidenciales de mayo de 2026.
El documento concluye con un exhorto a todos los servidores del Ministerio Público para que velen por defender el ejercicio de los derechos políticos y humanos de las mujeres en un ambiente completamente libre de violencia.
