Fiscalía General despliega estrategia integral para combatir delitos electorales en comicios de 2026
La Fiscalía General de la Nación ha puesto en marcha un plan de acción contundente para las próximas jornadas electorales en Colombia. Mediante la resolución 0047 de febrero de 2026, la entidad ha definido una estrategia de investigación y judicialización de los delitos que puedan presentarse durante los comicios legislativos para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas del 8 de marzo, así como en la elección presidencial del 31 de mayo de 2026.
Plan operativo para garantizar la transparencia electoral
El plan diseñado por la Fiscalía contempla acciones específicas para abordar, con todas las capacidades institucionales, los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones. Los días 8 de marzo y 31 de mayo de 2026, la Fiscalía dispondrá de puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o en zonas donde no haya presencia física de la entidad. Esta labor se articulará estrechamente con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior, fortaleciendo la coordinación interinstitucional.
¿Qué se considera un delito electoral y quiénes pueden cometerlo?
Los delitos electorales son actos ilícitos cometidos por candidatos, ciudadanos y servidores públicos que buscan alterar el proceso democrático. El voto debe ser un ejercicio libre y responsable, y cualquier interferencia constituye una violación grave. A continuación, se detallan los casos en que estos actores pueden incurrir en delitos electorales, según la Fiscalía:
Delitos cometidos por candidatos
- Presionar o engañar a los votantes para influir en su decisión.
- Manipular a los electores en favor de un candidato específico.
- Financiar campañas con dineros provenientes de actividades ilícitas o recursos públicos.
- Exceder los límites establecidos en los gastos de campaña.
Delitos cometidos por ciudadanos
- Impedir que las elecciones o el escrutinio se realicen con normalidad.
- Trasladar votantes para que ejerzan su derecho en una población distinta a su residencia electoral.
- Suplantar a sufragantes durante el proceso de votación.
- Utilizar cédulas falsas para votar de manera fraudulenta.
- Obstaculizar la labor de los jurados de votación.
- Amenazar o constreñir a un candidato para afectar su participación.
Delitos cometidos por servidores públicos
- Negar a una persona la posibilidad de votar en su lugar de residencia electoral.
- Presionar o engañar a un votante para alterar su decisión.
- Ser cómplice en la realización de votos fraudulentos o alterar resultados electorales.
- Utilizar recursos públicos o bienes del Estado para proselitismo o apoyo a campañas políticas.
- Entregar dinero a campañas políticas de manera irregular.
Este despliegue institucional busca fortalecer la confianza en los procesos democráticos y asegurar que las elecciones de 2026 se desarrollen en un marco de legalidad y transparencia absoluta.
