Frustran traslado ilegal de 2.400 venezolanos para votar en elecciones colombianas
Las autoridades colombianas lograron frustrar un intento masivo de traslado ilegal de 2.400 personas desde Venezuela, justo en el inicio de la jornada electoral para elegir al próximo Congreso y depurar candidatos presidenciales. El operativo, considerado uno de los incidentes más significativos del día, ocurrió en el sector de Santa Cecilia, Cúcuta, donde el grupo intentaba cruzar el río en un planchón para ser recogido por 60 buses y desplazado a puestos de votación.
Despliegue coordinado evitó transhumancia electoral
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el aviso oportuno permitió un despliegue masivo de autoridades que impidió lo que calificó como "una posible transhumancia electoral de proporciones colosales". El director de la Policía, general William Rincón Zambrano, explicó que la situación fue detectada mediante vigilancia aérea con drones, tecnología que permitió identificar tanto la fila de personas como los vehículos preparados para el traslado.
"Logramos ubicar a un lado del río una línea de ciudadanos y, al otro lado, cerca de 60 vehículos. Cuando nuestras unidades llegaron, alcanzamos a bloquear seis de esos buses y capturar a una persona", señaló el alto oficial policial durante el balance de la jornada electoral.
Posible influencia del Eln en movilización fronteriza
El ministro Sánchez reveló que las autoridades analizan información de inteligencia sobre una posible influencia de estructuras armadas en esta movilización masiva. "Para que estas personas crucen de manera irregular hacia nuestro territorio, hoy que la frontera está cerrada, preliminarmente hemos evaluado la influencia del Eln en esa región fronteriza", afirmó el jefe de la cartera de Defensa.
Este incidente fronterizo se suma a otros eventos reportados durante la jornada, que en general transcurrió con normalidad en los más de 13.700 puestos de votación desplegados a nivel nacional. El Ministerio del Interior, Defensa, Policía, Defensoría y entes de control monitorearon en tiempo real el proceso electoral a través de un puesto de mando unificado.
Ataque con dron explosivo en Meta y captura de candidatos
Entre los incidentes aislados que marcaron la jornada destaca un ataque con dron explosivo en un puesto de votación de La Macarena, Meta, atribuido a las disidencias de 'Calarcá', específicamente el bloque Jorge Suárez Briceño. Tras el hecho, tropas del Ejército hicieron presencia en la zona y, según reportes oficiales, no se registraron afectaciones al proceso de preconteo de votos.
Un tercer hecho significativo fue la captura de dos candidatos: uno al Senado y otro a la Cámara de Representantes. El aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno, fue detenido en Leticia con 15 millones de pesos en efectivo, presuntamente destinados a la compra de votos. Según las autoridades, el candidato habría intentado sobornar a los policías durante el procedimiento, lo que agravó su situación jurídica.
Por su parte, el candidato al Senado Camilo Gómez, de 'la U', fue detenido por miembros del CTI en cumplimiento de una orden judicial por sus nexos con el capo del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
Balance general: 88 capturas y 3.761 millones incautados
El balance final de la jornada electoral arrojó 88 capturas y 49 casos de incautación de dinero vinculados con posibles delitos electorales. Las acciones se desarrollaron en múltiples departamentos incluyendo Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Meta, Santander, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Cundinamarca.
Entre los montos más significativos confiscados se encuentran:
- 631 millones de pesos incautados en Bogotá
- 434 millones en Montería
- 275 millones en Sincelejo
- 243 millones en Medellín
- 145 millones en La Guajira
- 137 millones en Barrancabermeja
También se registraron decomisos importantes en municipios como Girardot, Palmira, Buenaventura, Soacha, Ocaña y Tumaco, evidenciando la extensión nacional de los operativos contra delitos electorales.
Mecanismos de denuncia y coordinación institucional
El director de la Policía destacó la efectividad de los mecanismos de denuncia ciudadana, señalando que se recibieron más de 150 reportes a través de la línea 157 especializada en delitos electorales. Esta información permitió orientar operativos en distintas regiones del país y actualmente se adelantan 14 procesos con la Fiscalía relacionados con presuntos delitos electorales perpetrados a través de redes sociales y billeteras virtuales.
El comandante de la Armada Nacional, almirante Juan Ricardo Rozo, informó que la institución tuvo a su cargo la seguridad de 548 puestos de votación ubicados en el Caribe, el Pacífico y la Amazonía, con cerca de 10.000 hombres y mujeres participando en el dispositivo del Plan Democracia.
"Podemos dar un parte satisfactorio del control electoral. Las situaciones puntuales que se presentaron fueron atendidas de manera oportuna y coordinadas con la Registraduría para que los colombianos pudieran ejercer su derecho al voto", explicó el oficial naval.
Incidentes adicionales durante la jornada
El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, señaló que las autoridades registraron cuatro episodios que requirieron especial atención durante la jornada. Uno de ellos ocurrió en el corregimiento Barranca Vieja, municipio de Calamar, Bolívar, donde un grupo compuesto principalmente por menores de edad ingresó a un puesto de votación y destruyó los cubículos de cartón utilizados en las mesas.
En el corregimiento Machado, jurisdicción de Arroyo Hondo, también en Bolívar, aproximadamente 20 personas se ubicaron en la entrada de un puesto de votación para manifestar que no permitirían el desarrollo de la jornada ante la ausencia de un testigo electoral de su partido. Las autoridades documentaron la situación e iniciaron un proceso de diálogo con delegados de la Registraduría.
Finalmente, en Cartagena del Chairá, Caquetá, el registrador municipal y el alcalde decidieron trasladar dos puestos de votación como medida preventiva para garantizar el desarrollo normal del proceso electoral, demostrando la flexibilidad y capacidad de respuesta de las autoridades locales frente a situaciones de riesgo.
