Registraduría Nacional toma medida disciplinaria tras denuncia presidencial
La Registraduría Nacional del Estado Civil decidió apartar de su cargo a una funcionaria supernumeraria luego de que el presidente Gustavo Petro realizara un señalamiento público sobre su presunta participación en actividades políticas. La medida se tomó de manera inmediata mientras se investigan los hechos denunciados por el mandatario.
El origen de la controversia
La polémica comenzó cuando el presidente Petro publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que señalaba que la funcionaria habría difundido en redes sociales un video manifestando su respaldo a la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia. Este hecho habría violado las normas que regulan la conducta de los servidores públicos frente a procesos electorales.
Comunicado oficial de la Registraduría
En un comunicado emitido tras el señalamiento presidencial, la entidad electoral explicó:
- La decisión de apartar a la funcionaria responde a deberes legales y constitucionales
- Los servidores públicos tienen restricciones frente a la participación política mientras ejercen funciones estatales
- El video circulante fue enviado a la Oficina de Control Disciplinario para verificación
- Se busca establecer si existió conducta que contravenga las normas electorales
Advertencias previas a funcionarios
La Registraduría destacó que de manera constante advierte a sus funcionarios sobre este tipo de conductas. Según el comunicado oficial:
- La entidad envía memorandos internos regularmente
- Se insiste en que los servidores deben abstenerse de participar en procesos políticos
- Esta abstención busca preservar la neutralidad institucional
- Es fundamental mantener la confianza pública en el sistema electoral
La medida disciplinaria se enmarca en el contexto de las próximas elecciones presidenciales de 2026, donde la neutralidad de los organismos electorales cobra especial relevancia. La investigación determinará si efectivamente hubo violación a los protocolos establecidos para garantizar la imparcialidad del proceso democrático.
