Escolta de la UNP recupera libertad tras captura con 145 millones de pesos en La Guajira
En un fallo que ha generado controversia, un juez de control de garantías ordenó la libertad de Luis Alfredo Acuña Vera, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien había sido detenido mientras transportaba 145 millones de pesos en efectivo junto con material de propaganda política en el departamento de La Guajira.
Detalles del operativo policial
El procedimiento se llevó a cabo en un puesto de control ubicado en la carretera que conecta los municipios de Distracción y Cuestecitas, cerca de Hatonuevo. Durante la inspección del vehículo, agentes de la Policía encontraron:
- El dinero dividido en siete sobres marcados con nombres específicos
- Entre los nombres identificados: Devora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cancillo, Ghandi R, Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez
- Tarjetones pedagógicos y publicidad política del representante a la Cámara y candidato al Senado Daniel Restrepo Carmona
El director de la Policía, general William Rincón, confirmó el operativo y señaló en sus redes sociales que "los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales".
Fundamentos de la decisión judicial
Durante la audiencia de legalización de captura, el juez determinó que no existían pruebas suficientes para demostrar:
- El origen ilícito del dinero encontrado
- Una relación directa con un posible caso de compra de votos
El escolta, quien forma parte del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, el conservador Jaime Luis Lacouture, manifestó a las autoridades que los recursos estaban destinados a la compra de una camioneta.
Reacciones institucionales y continuidad de investigaciones
Tras la decisión judicial, se ordenó la devolución del dinero incautado, aunque las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso. La Unidad Nacional de Protección anunció la apertura de una investigación interna para determinar las circunstancias específicas del incidente.
El presidente Gustavo Petro, en declaraciones recientes, había enfatizado que "la Policía tiene la orden de capturar a quienes compren votos y ponerlos a disposición de la Fiscalía", advirtiendo que esta práctica afecta significativamente la transparencia del proceso electoral.
Contexto electoral
Este caso se produce en un momento particularmente sensible del calendario político colombiano. La compra de votos, tipificada en el Código Penal como corrupción al sufragante, suele intensificarse en vísperas de elecciones.
Este domingo 8 de marzo, los colombianos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, además de participar en las consultas de las coaliciones políticas que definirán los candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.
El caso del escolta liberado pone en evidencia los desafíos de probatoria que enfrentan las autoridades para combatir prácticas ilegales durante procesos electorales, especialmente cuando grandes sumas de dinero en efectivo circulan en regiones con históricas vulnerabilidades institucionales como La Guajira.
