La ofensiva integral de Petro para consolidar el poder del Pacto Histórico
En el contexto de unas elecciones legislativas determinantes para el futuro de Colombia, el presidente Gustavo Petro y su movimiento político, el Pacto Histórico, han desplegado lo que analistas describen como una "amenaza integral" para asegurar su permanencia en el poder. Esta estrategia no se limita al horizonte temporal hasta 2030, sino que evidencia una vocación de permanencia que recuerda a los regímenes comunistas históricos, según observadores políticos.
Primer eje: la deslegitimación sistemática de instituciones
La primera táctica visible ha sido una campaña agresiva para desacreditar a todas las instituciones que se interponen en su camino. El objetivo incluye:
- La Corte Constitucional, por rechazar sus reformas estructurales
- El Consejo Nacional Electoral (CNE), por investigar irregularidades en su campaña
- El empresariado, el Congreso y la Procuraduría General
Con las elecciones en desarrollo, Petro ha atacado directamente al CNE por dos decisiones cruciales: primero, por impedir que el senador Armando Benedetti repitiera una consulta interpartidista, y segundo, por multar a su campaña presidencial por superar los topes de financiación y utilizar recursos prohibidos. La respuesta del mandatario fue contundente: "No aceptamos esa decisión", una frase que muchos interpretan como un rechazo al Estado de Derecho.
El 7 de febrero, el presidente amplió sus críticas a la Registraduría Nacional y al sistema electoral completo, anunciando que no participaría en una consulta que calificó de "manchada de trampa, delito y exclusión antidemocrática". Días después, el Pacto Histórico -del cual Petro es líder indiscutible- amenazó con sanciones a quienes sí participaran.
En su intervención más reciente, el jefe de Estado puso en duda la confiabilidad del software electoral, calificó de ilegal el preconteo de votos e instigó a la impugnación masiva de mesas de votación. "Si son todas, todas", declaró, en lo que expertos electorales consideran un llamado al sabotaje del proceso democrático.
Segundo eje: el uso oportunista de recursos públicos
Mientras posa como defensor de la pureza electoral con una campaña contra la compra de votos, el gobierno ha desplegado una feria de gasto público con descarada oportunidad electoral:
- El anuncio de 235.000 nuevos empleos públicos para 2025
- La ampliación del subsidio para adultos mayores, beneficiando a más de un millón de personas
- La implementación del ingreso mínimo vital, que agregó aproximadamente 4 millones de potenciales votantes agradecidos
Esta estrategia incluyó un enfrentamiento con el Consejo de Estado, que suspendió temporalmente el decreto del ingreso mínimo vital, a lo que el gobierno respondió con un desacato institucional al presentar nuevamente la misma medida sin modificaciones sustanciales.
Para rematar enero, se aprobaron 165.000 contratos por un valor de 15 billones de pesos, una maniobra que según expertos burla flagrantemente la Ley de Garantías Electorales. En febrero, el gobierno anunció una rebaja de 500 pesos al galón de gasolina, presentándola como un "regalo" a los colombianos cuando en realidad se trata de una restitución parcial, pues los aumentos anteriores habían superado ampliamente los precios internacionales.
Para marzo se prometió otra rebaja idéntica, considerada irresponsable por economistas en medio del aumento global de precios debido a conflictos internacionales. "Pero no importa... estamos en elecciones", comentan analistas sobre la lógica gubernamental.
El contraste con la violencia y el llamado a la defensa democrática
Mientras el gobierno despliega esta estrategia de deslegitimación y gasto populista, grupos armados ilegales impongan candidatos en territorios sin necesidad de campañas costosas, utilizando simplemente la intimidación con sus armas en bandolera.
Frente a este panorama, sectores que defienden la democracia, la propiedad privada y el emprendimiento hacen un llamado urgente: salir a votar masivamente para defender las instituciones y el sistema democrático colombiano. La batalla electoral se ha transformado en una confrontación por el modelo de país, donde las reglas institucionales están siendo puestas a prueba como nunca antes en la historia reciente de Colombia.
