Irresponsabilidad presidencial pone en riesgo la credibilidad del sistema electoral colombiano
El presidente de la República, Gustavo Petro, junto con el Pacto Histórico, ha generado una oleada de desconfianza en el proceso electoral colombiano al sembrar dudas sobre un supuesto fraude, sin presentar evidencia alguna. Esta actitud no solo envenena el pozo contra instituciones clave como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General, sino que también desacredita a las organizaciones independientes, tanto nacionales como internacionales, que durante años han garantizado la transparencia en los conteos de votos del país.
Un ataque al eslabón más fuerte de la cadena electoral
Como es habitual en su estrategia, el mandatario busca la fiebre en las sábanas, optando por atacar el eslabón más robusto del sistema. En realidad, si existe fraude en Colombia, este ocurre antes de llegar a las urnas, mediante prácticas como:
- Compra de votos
- Contratación estatal irregular
- Hostigamiento agravado por la inseguridad que su gobierno no ha logrado contrarrestar
Esto refleja una falta de responsabilidad que ya había sido señalada en análisis previos.
Ecos de un pasado irresponsable: el caso de Andrés Pastrana
Curiosamente, los argumentos de Petro parecen hacer eco del expresidente Andrés Pastrana, quien hace cuatro años, de manera igualmente irresponsable, afirmó que hubo fraude en el conteo de votos para las elecciones al Congreso. Aquel escándalo culminó con Pastrana admitiendo ante los tribunales que carecía de pruebas para sustentar sus acusaciones. De manera similar, el Pacto Histórico, que en su momento también denunció fraude, comprobó que el proceso electoral está diseñado para corregir errores y que sus curules fueron validadas por jueces de la República.
Aunque estos episodios no tuvieron consecuencias jurídicas, causaron un daño significativo en la percepción pública, erosionando la confianza en las instituciones democráticas.
La falsa narrativa del fraude y la realidad del sistema electoral
En las últimas semanas, el presidente y su partido han insistido en que se está cocinando un fraude electoral, ignorando la intervención de observadores internacionales. Estos, con evidencia en mano, han subrayado que las diferencias entre el preconteo y el conteo final nunca han sido significativas. A pesar de que al mandatario le cueste aceptarlo, Colombia cuenta con un sistema de votaciones ejemplar, caracterizado por:
- Múltiples revisiones y auditorías
- Blindaje contra manipulaciones denunciadas con facilismo en redes sociales
- Trazabilidad completa del proceso
- Acceso para testigos de todos los partidos políticos
- Acompañamiento internacional de diversas fuentes
- Herramientas para revisar en caso de dudas
Esto contrasta con situaciones como la de Venezuela, donde Petro se limitó a pedir muestras de actas, mientras que en Colombia el proceso es transparente y accesible.
La desinformación sobre el preconteo y sus implicaciones
En una alocución a la nación, Petro aseguró que el preconteo no es legal en Colombia, afirmando que es una actividad de empresas privadas presentada como datos oficiales. Esta declaración es gravemente imprecisa y debería avergonzar a la Casa de Nariño. En realidad:
- El preconteo no es ilegal; es un paso preliminar que no constituye el resultado final.
- No lo realizan empresas privadas, sino jurados de votación, ciudadanos comunes que asumen esa responsabilidad.
- Es un proceso rigurosamente vigilado, del cual se conservan copias, y permite conocer resultados preliminares de manera rápida.
Históricamente, los preconteos han estado muy cerca de los resultados finales certificados por jueces de la República, lo que plantea la pregunta: ¿cuál es el escándalo?
Lecciones de la desestabilización democrática: el caso de Donald Trump
La estrategia de Petro recuerda a la de Donald Trump en Estados Unidos, quien sin pruebas acusó fraude para cuestionar la legitimidad electoral, presionando para imponer su visión. Hablar de fraude sin fundamento es una herramienta útil para desestabilizar la institucionalidad. La ligereza del mandatario y su partido causa un daño profundo al país que representan. Un poco de sentido común, aunque no sea populista, ayudaría a blindar la democracia colombiana y preservar la integridad de sus procesos electorales.
