Presiones armadas condicionan el voto en múltiples regiones de Colombia
La proximidad de las elecciones en Colombia ha vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno recurrente en zonas donde operan grupos armados ilegales. Diversos informes de entidades estatales, organismos de observación y reportes de inteligencia coinciden en señalar que en amplios territorios del país persisten presiones, restricciones de movilidad y alteraciones en el censo electoral que terminan condicionando gravemente el ejercicio democrático del voto.
Alteraciones en el censo electoral
A finales de febrero, la Procuraduría General de la Nación remitió al Consejo Nacional Electoral información sobre posibles casos de trashumancia electoral en tres municipios del departamento del Guaviare. El análisis evidenció variaciones preocupantes en el número de inscritos en varios puestos de votación. En la Institución Educativa Agua Bonita–SD Bocas–Santo Domingo, en San José del Guaviare, el registro de votantes aumentó en 2.375 personas frente al censo electoral de 2023.
Según una fuente de inteligencia consultada, en estas zonas los distintos grupos armados ilegales mantienen intereses políticos propios, respaldan candidatos afines a sus posiciones e incluso obligaron a la población a inscribirse en el censo electoral. "Cada uno de los grupos armados tiene a nivel regional sus intereses y ellos tienen sus candidatos, por lo que no es sorpresa que instrumentalicen y ejerzan constreñimiento a los electores para que voten por un candidato", indicó la fuente.
Panfletos y amenazas directas
Los reportes sobre presión armada en el proceso electoral se han presentado en diversas regiones del país. A finales de 2025 circularon panfletos en zonas de Caquetá y Meta firmados por el frente 'Rodrigo Cadete', perteneciente al bloque 'Comandante Jorge Suárez Briceño', de las disidencias de 'Calarcá'. El documento iniciaba con un "cordial saludo revolucionario" dirigido a las comunidades y exigía que todas las personas mayores de 18 años inscribieran su cédula de ciudadanía para participar en las elecciones.
Situación similar se registró en zonas del Cauca, donde las disidencias de 'Iván Mordisco' realizaron varias reuniones convocando a las comunidades para dar instrucciones de cara a las elecciones. En un reciente evento político en Caquetá, el expresidente Álvaro Uribe anunció que presentarán una queja ante el Registrador Nacional porque hay mesas electorales donde no dejan llegar a soldados y policías.
Extensión nacional del problema
Según informes de la fuerza pública y organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE), los grupos armados ilegales ejercen presión sobre procesos políticos en más de 300 municipios del país. En cerca del 50% de esos territorios existiría riesgo de manipulación electoral de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
Entre las prácticas reportadas se encuentran:
- Imposición de candidatos específicos
- Restricciones al acceso de aspirantes rivales a determinadas zonas
- Bloqueos de movilidad hacia puestos de votación
- Presiones directas a comunidades para orientar el voto
Departamentos como Cauca, Antioquia, Huila, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Quindío y Valle del Cauca figuran entre los territorios más afectados según los informes de riesgo.
Preocupaciones internacionales y nacionales
En una reciente entrevista, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, afirmó que en varias regiones del país existen condiciones que limitan el ejercicio del voto. "En regiones como Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Catatumbo, La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Magdalena Medio la gente tiene miedo de votar por el candidato que prefiera", señaló.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del primer informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral, explicó que "nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país".
Respuesta institucional y denuncias
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que actualmente se mantienen abiertas 14 líneas de investigación relacionadas con constreñimiento al sufragante, financiación ilegal de campañas, suplantación de electores e irregularidades en la participación política. Para facilitar las denuncias, recordó que los ciudadanos cuentan con la línea 157, que conecta directamente con la Policía Judicial y la Fiscalía.
Los partidos políticos también han denunciado en las comisiones de garantías electorales los diferentes incidentes con actores armados. La representación del Partido Comunes advirtió que sus militantes tienen territorios vedados para hacer campaña, especialmente en Guaviare, Meta, Nariño, Antioquia y Cauca.
Análisis académico y perspectivas
Desde el ámbito académico, Luis Fernando Trejo, profesor de la Universidad del Norte, señaló que las presiones armadas sobre procesos electorales suelen consolidarse con meses de anticipación. "Esa presión armada no se inició ayer o la semana pasada sino desde hace meses. Con la cercanía de las elecciones se normaliza porque las reglas de juego electoral establecidas por el actor armado se han consolidado", explicó.
El académico mencionó además el caso de las curules de paz como ejemplo de los riesgos asociados a la intervención de actores armados en procesos políticos, señalando que se han convertido en "una oportunidad barata para que grupos armados y grupos políticos regionales tengan representación en el Congreso".
La situación evidencia los desafíos que enfrenta la democracia colombiana en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales continúa condicionando los procesos electorales y limitando la libertad política de las comunidades.
