Procuraduría emite advertencia formal a jurados electorales sobre cumplimiento de protocolos
En un pronunciamiento contundente durante el foro '¿Cómo van las garantías electorales?', organizado por El Tiempo y el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia directa a los jurados de votación que participarán en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo de 2026.
Riesgo de sanciones disciplinarias por incumplimiento
El ente de control alertó que quienes no sigan estrictamente las instrucciones impartidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el diligenciamiento de los formularios E-14 se exponen a sanciones disciplinarias de consideración. Esta advertencia se produce en un contexto de tensión institucional luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera a los jurados desatender la instrucción oficial de no tachar ni rellenar las casillas correspondientes a partidos que no obtengan votos.
José María Sarmiento Ortiz, procurador delegado para la vigilancia técnica y operativa, fue enfático al señalar que "los jurados ejercen una función pública transitoria y están sometidos a control disciplinario". El funcionario añadió que "si se llegase a presentar una discrepancia entre el Registrador y el Gobierno, es el Registrador quien puede evaluar qué se puede ajustar y qué no".
Respuesta institucional a declaraciones presidenciales
El mandatario había sostenido que dejar espacios en blanco en los formularios podría facilitar un fraude electoral, afirmación que fue rechazada categóricamente por la autoridad electoral. La Registraduría respondió que no existe posibilidad de alterar las actas por esa vía y que, por el contrario, marcar los espacios en blanco podría entorpecer significativamente la transmisión y digitalización de los datos.
En este contexto, la Procuraduría recordó que, conforme a los artículos 264 y 266 de la Constitución Política, es el Registrador Nacional quien tiene la competencia exclusiva para organizar y regular todas las etapas del proceso electoral colombiano.
Proceso electoral ya está en marcha
Sarmiento Ortiz destacó que "el proceso electoral ya está en marcha: los kits electorales están saliendo hacia el exterior; es decir, el proceso ya está regulado y no habría oportunidad de cambiar las reglas en este momento". Esta declaración subraya la inmutabilidad de los protocolos establecidos a pocas semanas de los comicios.
Por su parte, el registrador distrital de Bogotá, Youssef Sefair Silva, aseguró que las decisiones adoptadas no son unilaterales: "No son decisiones unilaterales sino conjuntas. No hay riesgo de errores ni malos manejos por cómo está diseñado el protocolo de los jurados, tenemos total tranquilidad".
Medidas de seguridad para el proceso electoral
En el mismo foro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, proporcionó detalles sobre las medidas de seguridad implementadas para garantizar la transparencia y normalidad de los comicios:
- Evaluación de seguridad para 64 candidatos presidenciales
- Protección para 312 aspirantes al Congreso de la República
- Seguridad para 68 candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
- Distribución de 353 vehículos blindados y 3.700 ayudas de desplazamiento
- Despliegue de 142.000 policías el día de las votaciones
Benedetti también advirtió sobre riesgos específicos en 148 municipios, con especial atención en zonas del Pacífico, el nororiente y el Magdalena Medio. Además, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes entreguen información veraz sobre compra de votos, una práctica que busca desestimular activamente.
Garantías institucionales reiteradas
El foro abordó adicionalmente amenazas como el constreñimiento al elector y la importancia de las consultas previas en comunidades étnicas. Las autoridades participantes reiteraron su compromiso con que el proceso electoral contará con todas las garantías institucionales necesarias para su normal desarrollo, enfatizando la coordinación entre diferentes entidades del Estado.
Esta advertencia de la Procuraduría marca un precedente importante en la relación entre los diferentes poderes del Estado durante procesos electorales y subraya la importancia del estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por la autoridad electoral competente.
