"No presidente, nadie lo está censurando. Es intervención indebida en política": Elisabeth Ungar
Las elecciones del pasado 8 de marzo, donde se definieron los candidatos ganadores en las consultas partidistas y los miembros del Congreso de la República, demostraron de manera contundente que los reiterados mensajes del presidente Gustavo Petro y de integrantes de su partido político, quienes anticipaban la posibilidad de fraude electoral, resultaron ser especulaciones infundadas. Estas predicciones alarmistas no se materializaron en la realidad de los comicios.
Una institucionalidad electoral robusta
Por el contrario, los procesos electorales evidenciaron que, para fortuna de la democracia colombiana, el país cuenta con una organización electoral sólida y confiable. Es probable que existan algunas falencias puntuales en el sistema, pero hasta el momento actual no se han identificado eventos de fraude electoral que puedan atribuirse a acciones u omisiones de la institucionalidad electoral establecida. Esta conclusión ha sido respaldada y confirmada por múltiples veedores nacionales e internacionales que observaron el desarrollo de las votaciones.
Preocupaciones que persisten en el proceso democrático
No obstante estos resultados positivos, existen hechos concretos que continúan generando preocupación entre analistas y ciudadanos, y que merecen una reflexión profunda. Entre estos fenómenos preocupantes se encuentran:
- La compra ilegal de votos por parte de algunos actores políticos
- El trasteo organizado de votantes entre diferentes regiones
- Las amenazas y coerción ejercida sobre electores en ciertas zonas
- La elección de candidatos que enfrentan investigaciones en curso por presuntos actos de corrupción
Si bien es fundamental respetar el principio de presunción de inocencia y reconocer que los partidos políticos tienen la responsabilidad directa de otorgar avales a sus candidatos -incluyendo el derecho constitucional de los ciudadanos a ser elegidos-, esto no significa que deba avalarse automáticamente a presuntos corruptos simplemente porque puedan proveer votos en determinadas circunstancias.
Intervención indebida del Ejecutivo en política
Los insultos públicos dirigidos a candidatos por parte del presidente Petro y otros funcionarios del Estado, particularmente contra Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, así como contra otros aspirantes políticos, no son aceptables en una democracia madura. Estas acciones constituyen una participación indebida en política por parte del poder ejecutivo.
Como acertadamente tituló El Espectador en su editorial del pasado domingo: "El gobierno burla las normas y las garantías electorales". La respuesta a estas críticas no es censura presidencial, sino una intervención inapropiada en el proceso político democrático.
Utilización de medios públicos para fines partidistas
A esta situación se suma la preocupante utilización de medios de comunicación del Estado para realizar publicidad sobre las ejecutorias del gobierno actual y favorecer específicamente a los miembros del partido en el poder. Como su nombre claramente indica, estos medios son públicos, es decir, pertenecen a todos los colombianos y no exclusivamente al gobierno de turno.
Resulta particularmente lamentable que sea el primer presidente de izquierda en la historia del país -quien, entre otras razones fundamentales, fue elegido precisamente por presentarse como abanderado de la lucha contra la corrupción durante su tiempo como congresista- quien ahora replique estas prácticas cuestionables que tanto criticó en el pasado.
Discurso polarizador y desacato institucional
Atizar constantemente con discursos incendiarios, acusar sistemáticamente a quienes no piensan como él, e insultar regularmente a sus opositores políticos, representa una peligrosa alimentación de la polarización social e, incluso, puede incentivar manifestaciones de violencia política.
El no acatar las decisiones de jueces y órganos de control -como ha ocurrido cuando se le ha ordenado rectificar afirmaciones falsas sobre diversos temas- constituye un irrespeto directo a la separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de todos los regímenes democráticos modernos.
El desafío de las próximas elecciones presidenciales
Las elecciones presidenciales programadas para mayo próximo -y posiblemente para junio si se requiere una segunda vuelta- no pueden convertirse en un campo de batalla verbal ni en un escenario de confrontación permanente. Es imperativo evitar la repetición de acusaciones infundadas sobre falta de transparencia y supuestos fraudes electorales.
Quedó ampliamente demostrado durante los comicios de marzo que las instituciones colombianas están preparadas y tienen la capacidad para enfrentar este nuevo reto democrático. Sin embargo, esto no es suficiente por sí solo. Se hace urgente y necesario dejar atrás definitivamente los discursos de odio, las narrativas divisivas que señalan y estigmatizan a quienes piensan de manera diferente.
Varios candidatos presidenciales han expresado públicamente su intención de promover un clima político más respetuoso. Ojalá estas declaraciones de buena voluntad se traduzcan efectivamente en acciones concretas durante la campaña y en el ejercicio del poder.
Por Elisabeth Ungar Bleier
