Violencia y control territorial: el elefante en la habitación de las elecciones presidenciales en Colombia
Las próximas elecciones presidenciales en Colombia están marcadas por un debate que, aunque no es nuevo, adopta hoy una forma particularmente preocupante: la posible incidencia de la violencia en la competencia electoral. Sin embargo, la discusión pública ha tendido a formular mal el problema fundamental.
El enfoque equivocado en la intervención directa
La atención se ha concentrado principalmente en buscar pruebas de intervención directa de grupos armados a favor de candidaturas específicas, cuando el fenómeno más relevante parece operar en otro nivel completamente distinto. Se trata de los efectos directos e indirectos que la violencia y el control territorial ejercen sobre las condiciones mismas de la competencia democrática.
Este es uno de los debates que, desde hace veinte años cuando el país vivió los escándalos de la parapolítica, se ha evitado tener sistemáticamente. Resulta evidente que, si existen grupos armados que aspiran al control territorial, estos inevitablemente tendrán injerencia en los procesos democráticos.
Aceptar esta realidad implica reconocer que el Estado no ha sido capaz de imponer ni el monopolio de la fuerza ni las funciones básicas de seguridad, justicia y control, por no hablar ya de la promesa constitucional de un Estado Social de Derecho. Con todo lo doloroso que pueda ser este debate, es necesario hablar finalmente del elefante en la habitación.
Las críticas recientes a la política de Paz Total
En las últimas semanas, distintos sectores políticos han planteado que decisiones adoptadas en el marco de la política de Paz Total —particularmente la suspensión de órdenes de captura de integrantes de estructuras delincuenciales— podrían tener efectos electorales significativos.
Tras la Semana Santa, voces de la oposición señalaron que medidas como la aplicada a integrantes de La Oficina, en el proceso de conversación sociojurídica del Valle de Aburrá, buscarían favorecer específicamente la campaña de Iván Cepeda. La senadora Paloma Valencia afirmó que esto haría parte de una estrategia de constreñimiento del electorado por parte de estructuras delincuenciales, mientras que Roy Barreras sugirió que dicha dinámica podría extenderse más allá de Antioquia.
Estos cuestionamientos se apoyan, además, en antecedentes recientes como:
- El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que —según la Fiscalía General de la Nación— contó con la participación de la Segunda Marquetalia
- Los hechos de violencia política documentados por la Fundación PARES en su Quinto Informe de Violencia Político Electoral, que registra 202 víctimas en este período, la mayoría por amenazas
Una situación que no es excepcional
El aumento de estos episodios ha intensificado las alertas sobre la incidencia de actores armados en el escenario electoral. Sin embargo, no se trata de una situación excepcional en la historia colombiana.
La coincidencia entre ciclos de violencia y períodos electorales ha sido una constante en la historia reciente del país. Tampoco es nuevo el control territorial ejercido por grupos armados, ampliamente documentado en la literatura sobre el conflicto colombiano.
Lo que sí resulta particularmente relevante es la forma en que estas dinámicas están incidiendo hoy en el funcionamiento concreto de la democracia a nivel subnacional. Si hay un nuevo ciclo de violencia y cambia el comportamiento de los actores armados, cambiará también su relación con el Estado, la economía y la política, tanto a nivel local como nacional.
La política de Paz Total y sus resultados parciales
Tras cuatro años de gobierno, la política de Paz Total se consolidó como una de las principales apuestas del Ejecutivo. La estrategia de negociación con múltiples actores armados llegó a estructurar cerca de diez procesos simultáneos, entre diálogos formales y conversaciones sociojurídicas.
En este marco se implementaron herramientas orientadas al desescalamiento, como:
- Ceses al fuego bilaterales
- Treguas entre estructuras delincuenciales, especialmente en contextos urbanos
Los resultados han sido parciales y enfrentan problemas de sostenibilidad por incumplimientos y por la naturaleza misma del conflicto actual, en el que no solo persiste la confrontación entre el Estado y los grupos armados, sino también disputas entre las propias estructuras ilegales.
Las treguas en lugares como Buenaventura y el Valle de Aburrá lograron reducciones en indicadores como el homicidio, pero con efectos frágiles frente a la lentitud de los procesos de negociación.
Factores estructurales y limitaciones estatales
Las críticas que señalan que estas estrategias han permitido el fortalecimiento de los grupos armados son parcialmente acertadas, pero insuficientes como explicación completa. El comportamiento reciente de la violencia también responde a factores estructurales profundos:
- La persistencia de economías ilícitas diversificadas
- Las capacidades diferenciadas de control territorial entre actores armados
- Las limitaciones del propio Estado colombiano
En este último punto, la crisis del sector seguridad y defensa resulta determinante: un presupuesto crecientemente orientado al funcionamiento y al pasivo pensional ha reducido la capacidad de inversión en modernización y operación, afectando directamente la capacidad de respuesta en el territorio.
Mecanismos controvertidos y sus riesgos
En paralelo, el gobierno ha utilizado mecanismos como el levantamiento de órdenes de captura de voceros o jefes de grupos armados que participan en los procesos de negociación. Casos como los de Geovanny Rojas, Araña, y Alexander Mendoza, Calarcá, han generado controversia significativa, especialmente por los cuestionamientos sobre la continuidad de actividades ilegales durante estos beneficios.
Más recientemente, la suspensión de órdenes de captura contra 23 integrantes de organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá reavivó el debate sobre los riesgos potenciales de estas decisiones.
Efectos políticos indirectos más que intervención directa
La pregunta central es si estas medidas pueden traducirse en un favorecimiento electoral directo. A falta de evidencia que demuestre un constreñimiento sistemático del electorado en favor de una candidatura específica, esta hipótesis resulta débil en términos probatorios.
Sin embargo, esto no implica que no existan efectos políticos relevantes. Estos operan, más bien, a través de mecanismos indirectos complejos:
Por un lado, las medidas de desescalamiento pueden incidir en la percepción ciudadana de seguridad. Reducciones en homicidios o delitos de alto impacto, asociadas a acuerdos o treguas, pueden traducirse en beneficios electorales para la candidatura respaldada por el gobierno.
A esto se suma el reciente endurecimiento de la estrategia militar, con operaciones dirigidas a objetivos de alto valor. Acciones como el cercamiento de Iván Mordisco pueden reforzar la percepción de eficacia estatal en ciertos sectores de la población.
Al mismo tiempo, estas mismas dinámicas pueden generar efectos adversos: reactivar disputas armadas o producir rechazo en sectores urbanos, con impactos electorales en sentido contrario.
La transformación de las condiciones de competencia
Pero el punto más relevante no se encuentra en estos posibles réditos electorales inmediatos, sino en la transformación profunda de las condiciones de competencia democrática. En amplias zonas del país, el control territorial ejercido por actores armados configura órdenes sociales que:
- Regulan comportamientos ciudadanos
- Restringen la movilidad política
- Condicionan la participación democrática
En estos contextos, la competencia electoral no depende únicamente de las campañas políticas o de las preferencias individuales, sino de las reglas —tanto formales como informales— que operan en el territorio específico.
Tanto la Fundación Paz & Reconciliación como la Misión de Observación Electoral han advertido sobre la persistencia de prácticas de control social que pueden derivar en constreñimiento del electorado. Estas dinámicas no solo pueden favorecer determinadas candidaturas, sino también limitar severamente la participación política e incluso restringir el ejercicio mismo del voto.
Se trata de un fenómeno que no siempre se expresa en coerción visible, sino en la configuración de entornos donde ciertas opciones políticas son simplemente inviables o excesivamente riesgosas para los ciudadanos.
Un desafío profundo para la democracia colombiana
En este sentido, el vínculo entre paz, seguridad y elecciones no se explica principalmente por intervenciones directas de grupos armados, sino por efectos indirectos asociados a:
- Percepciones de seguridad ciudadana
- Resultados operacionales de las fuerzas estatales
- Condiciones territoriales profundamente diferenciadas
Por ello, la discusión no puede reducirse a establecer si existe o no una estrategia deliberada de intervención electoral por parte de grupos armados. El problema es más profundo y estructural.
En distintos territorios del país, las condiciones de seguridad están moldeando el ejercicio democrático incluso antes de que comience formalmente la competencia electoral. La combinación entre desescalamiento parcial, reconfiguración de los actores armados y respuestas estatales limitadas está produciendo efectos políticos concretos sobre quién puede participar, en qué condiciones y con qué garantías reales.
Ese es, en última instancia, el desafío fundamental de las próximas elecciones presidenciales en Colombia: bajo qué condiciones se compite realmente, en qué regiones específicas, y más allá de los resultados electorales, cómo es posible que en un país que se precia de democrático sigamos teniendo amplios enclaves subnacionales que viven día a día bajo un gobierno armado paralelo, que determina aspectos fundamentales de su vida cotidiana.
El debate público necesita elevarse más allá de las pasiones políticas inmediatas para abordar estas cuestiones estructurales que afectan la calidad misma de nuestra democracia.
