Un balance crítico del camino colombiano desde la Constitución de 1991
Para avanzar hacia un país mejor, es imperativo revisar la realidad con objetividad, reconociendo tanto los aciertos como los errores acumulados. La reforma institucional plasmada en la Constitución de 1991 constituye un punto de partida fundamental para examinar lo ejecrado en las últimas décadas y proyectar el futuro. Esta Carta Magna mantuvo el régimen presidencial y, en cierta medida, politizó la justicia, mientras enriqueció el análisis de los derechos fundamentales.
Logros limitados y deficiencias persistentes
Sin embargo, no logró mejorar sustancialmente el desempeño del Estado, y la sociedad próspera, justa y amable que se anhelaba quedó como una promesa incumplida. Por el contrario, contribuyó a la destrucción de los partidos políticos tradicionales y, en algunos aspectos, promovió escenarios de corrupción.
Desde entonces, se han registrado avances importantes que no pueden ignorarse:
- Mejora en la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios.
- Ampliación significativa de la cobertura en educación básica y media, aunque la calidad, según evaluaciones internacionales, sigue siendo deficiente.
- Establecimiento de programas de apoyo a la población por debajo de la línea de pobreza.
- Progresos en infraestructura vial y de conectividad.
- Implementación de un sistema de salud considerado bueno, que desafortunadamente enfrenta amenazas de desmantelamiento en la actualidad.
Estos avances no son exclusivos de Colombia; en casi toda América Latina se observaron mejoras similares en las últimas tres décadas, impulsadas por cambios sociales trascendentales como la supresión del analfabetismo y la reducción de la subordinación de la mujer.
Una realidad económica y social preocupante
Pese a estos logros, el balance general para Colombia es insatisfactorio. El país sigue caracterizándose por ser pobre, desigual y violento. Los indicadores son elocuentes:
- El ingreso por habitante ronda los US$7.000 anuales, una cifra baja en comparación regional.
- La desigualdad se posiciona como la quinta más alta a nivel mundial.
- La informalidad laboral supera el 50% de la población económicamente activa.
- La tasa de homicidios es de 25 por cada 100.000 habitantes, mientras en Chile es de apenas 3 por cada 100.000.
- La clase media representa solo el 30% de la población, y un tercio de los colombianos vive por debajo de la línea de pobreza.
En el ámbito económico, el aumento de la productividad (valor agregado por hora trabajada) ha sido exiguo, y el crecimiento desde 2014 ha sido muy bajo. La dependencia del petróleo como principal producto de exportación, sin ser un país petrolero por excelencia, y el hecho de que las remesas de expatriados sean la mayor fuente de divisas, reflejan una estructura productiva débil. El comercio internacional solo contribuye con el 30% del ingreso nacional, cuando debería acercarse al 50%.
Instituciones que no funcionan
La estabilidad económica lograda desde la recesión de 1998-1999 es un logro, pero resulta insuficiente. Las comparaciones internacionales son reveladoras: en 1990, el ingreso por habitante de Chile era ligeramente superior al de Colombia; hoy es más del doble. Este rezago evidencia que el Estado no funciona adecuadamente: el legislador muestra mediocridad, la corrupción campa a sus anchas, la justicia es ineficaz y la administración pública es inconsistente.
No existe un control efectivo del gasto público, y la desigualdad entre regiones es marcada. Estas instituciones inadecuadas se han convertido en un obstáculo formidable para el desarrollo social y económico. Lo logrado hasta ahora no satisface las expectativas de una población transformada que espera más oportunidades y bienestar.
Hacia un rescate nacional
Para rescatar a Colombia, se requiere un reconocimiento honesto de estas realidades y la definición de una hoja de ruta clara. Es indispensable:
- Proponer un crecimiento económico sostenido de al menos el 6% anual para generar los recursos necesarios para transformaciones profundas.
- Suprimir protecciones arcaicas para abrir la economía a la competencia internacional.
- Simplificar radicalmente las reglas fiscales y laborales.
- Mejorar la articulación entre el gobierno central y las regiones.
- Arreglar de manera integral la educación pública, priorizando la calidad.
Lo más crítico será reorganizar con acierto las instituciones políticas, preservando lo bueno y corrigiendo lo disfuncional. Un cambio radical efectivo, basado en estrategias, procesos y estructuras bien definidas, ofrecería oportunidades reales a todos los colombianos, permitiendo superar las narrativas simplistas y construir un futuro más próspero y equitativo.
