Bogotá inicia controles estrictos contra publicidad política ilegal en vísperas electorales
La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Defensoría del Espacio Público (DADEP), ha reportado un hallazgo significativo de publicidad política instalada sin la debida autorización en diversos elementos del mobiliario urbano y espacios compartidos de la capital. Este control coincide estratégicamente con el inicio formal de las campañas proselitistas rumbo a las cruciales elecciones de 2026, marcando una postura firme del Distrito frente al uso indebido de superficies públicas.
El alcance de la infracción: trece candidaturas y ocho partidos involucrados
Según el informe oficial, los materiales identificados se relacionan directamente con trece candidaturas que aspiran a cargos en el Congreso de la República y a la Presidencia de Colombia. La investigación preliminar señala la participación de ocho partidos y movimientos políticos diferentes, cuyos nombres no han sido revelados públicamente, pero cuyas acciones configuran un patrón recurrente de instalación no autorizada.
El DADEP ha procedido a enviar todo el material de soporte recopilado, incluyendo evidencia documental y fotográfica, a la Secretaría Distrital de Ambiente. Esta entidad será la encargada de adelantar los trámites administrativos correspondientes y determinar las posibles sanciones. El mensaje de la administración distrital es claro y contundente: ninguna campaña política posee permiso automático o privilegios especiales para utilizar el espacio público, patrimonio colectivo de todos los bogotanos.
Detalles de la intervención ilegal en siete localidades capitalinas
La verificación técnica realizada por los inspectores del DADEP abarcó múltiples formatos de publicidad exterior visual (PEV). Se documentó la presencia de:
- Afiches y pancartas instalados mediante engrudo y amarres en postes, puentes peatonales y vehiculares, señales de tránsito y cajas telefónicas en desuso.
- Intervenciones con esténcil en muros y otras superficies de parques y zonas verdes.
- Ubicación de materiales en elementos del mobiliario urbano como bancas, luminarias y contenedores de basura.
Los puntos críticos identificados se concentran en siete localidades de Bogotá: Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Santa Fe, Los Mártires, Chapinero y Usaquén. Esta distribución geográfica sugiere una estrategia coordinada de colocación, más que actos aislados o espontáneos.
Marco regulatorio y consecuencias para las campañas infractoras
La Secretaría Distrital de Ambiente define la Publicidad Exterior Visual (PEV) como cualquier medio, mensaje o imagen visible desde vías de uso público, con fines comerciales, culturales, políticos o institucionales. La regla fundamental para campañas electorales es el soporte utilizado: instalar, pegar o amarrar piezas en el espacio público sin el permiso correspondiente constituye una infracción asociada a contaminación visual y violación de las normas de convivencia ciudadana.
El procedimiento sancionatorio establece una separación clara de funciones:
- El DADEP realiza la verificación de campo, toma fotografías y videos, realiza georreferenciación precisa y construye el expediente técnico.
- La Secretaría Distrital de Ambiente asume la actuación administrativa, evalúa la existencia de la infracción y avanza con el proceso sancionatorio ambiental, que puede incluir multas económicas significativas.
Para las campañas y partidos políticos involucrados, el riesgo es doble: enfrentan la exposición pública negativa del señalamiento oficial y el impacto operativo inmediato de tener que retirar los materiales, corregir la situación y responder formalmente en medio del apretado calendario electoral.
Antecedentes y perspectiva futura del control del espacio público
Como antecedente relevante, el Distrito recordó que durante el año 2025 se ejecutaron 226 jornadas de recuperación del espacio público, resultando en el retiro de 7.899 pendones y otros elementos de publicidad no autorizada. Este historial demuestra una política consistente de protección del patrimonio urbano compartido.
El punto central, según enfatizan las autoridades distritales, no es el contenido político de los mensajes, sino el uso indebido de superficies que pertenecen a toda la comunidad. Esta postura obliga a campañas y partidos a planificar estratégicamente su visibilidad, utilizando exclusivamente lugares permitidos, obteniendo los permisos correspondientes y empleando soportes autorizados por la normativa vigente.
El costo de no cumplir con estas disposiciones trasciende el simple retiro de una pieza publicitaria. Implica abrir un frente administrativo complejo con evidencia georreferenciada que puede derivar en procesos sancionatorios prolongados, justo cuando los equipos de campaña requieren concentrar todos sus recursos en la contienda electoral.
