Cali: Concejo debate elección de Contralor entre presiones y observaciones legales
La elección del Contralor de Cali para el periodo 2026-2029, que debió realizarse en 2025 por el Concejo local, ha generado profundas divisiones entre los 21 cabildantes, quienes exponen argumentos opuestos sobre cómo manejar una situación cargada de implicaciones legales y políticas. Mientras la mayoría respalda un proceso de subsanación tras observaciones de la Procuraduría, otros insisten en continuar con el trámite iniciado en agosto de 2025 y elegir de la terna ya seleccionada. Esta "novela" política, como la describen algunos, aún carece de un final claro y está marcada por tensiones y acusaciones.
El rol crucial del Contralor y la situación actual
La elección del Contralor de Cali es fundamental para salvaguardar el patrimonio público, vigilando la gestión fiscal, la transparencia y el uso eficiente de los recursos por parte de la Alcaldía. Este cargo ejerce control posterior y selectivo, asegurando que los bienes públicos se destinen correctamente para el bienestar ciudadano, con autonomía técnica. Actualmente, Cali tiene una Contralora encargada, designada por el alcalde Alejandro Eder, según lo dispone la ley. Sin embargo, algunos concejales expresan desconfianza, calificándola como una funcionaria de "bolsillo" que no realiza el control debido.
Los errores que enredaron el proceso
Uno de los primeros en proponer retrotraer el proceso fue el concejal Carlos Andrés Arias, cuya iniciativa en 2025 generó posturas divergentes y un ambiente tenso en las sesiones. Arias explicó que acogieron recomendaciones de la Procuraduría Delegada para Asuntos de Vigilancia Administrativa, la cual evidenció dificultades en el procedimiento y recomendó no votar hasta subsanarlas. "Como estos errores no se subsanaron, mi posición siempre fue no votar", afirmó. La mesa directiva del Concejo, compuesta por Daniella Plaza (presidenta), Andrés Escobar (vicepresidente) y María del Carmen Londoño (vicepresidenta, en desacuerdo), busca ahora retrotraer los efectos para sanear el proceso y evitar futuras investigaciones.
Los errores identificados incluyen:
- Requisitos adicionales ilegales: La convocatoria incluía pedir paz y salvo por demandas de alimentos, un requisito para posesionarse, no para presentarse.
- Extralimitación de funciones: La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia resolvió reclamaciones, una competencia indelegable.
- Indebida delegación: La mesa directiva permitió que la universidad recibiera y resolviera reclamaciones, sin corregir esto.
La Procuraduría también señaló una omisión en la publicación del proyecto de convocatoria, ya subsanada, pero los otros tres puntos permanecen pendientes. Arias lamentó que no se corrigieran a tiempo, lo que hubiera permitido una elección en diciembre, pero el contrato con la universidad terminó, obligando a un nuevo proceso.
Acusaciones de presiones y defensas del proceso
El concejal Roberto Ortiz es una voz destacada a favor de continuar el proceso actual, acusando al alcalde Alejandro Eder de interferir. "Al Alcalde le digo que deje de meter sus narices en la elección del Contralor de Cali. Esto le compete al Concejo y aparentemente él se está saliendo con las suyas", afirmó Ortiz, sugiriendo que el problema estalló cuando la terna no incluyó a los candidatos preferidos por Eder. Pidió que el proceso continúe, ya que ninguna autoridad judicial ha declarado irregularidades.
En contraste, el concejal Juan Felipe Murgueitio respalda la decisión de la mesa directiva, citando alertas no subsanadas de la Procuraduría. "En absoluto he recibido presiones del Alcalde. La única presión que he sentido ha sido la de los concejales que han pedido que el proceso siga como estaba", sostuvo. Marlon Cubillos, del partido Conservador, añadió: "Mientras haya dudas jurídicas en el proceso, no podré votar".
Perspectivas diversas y preocupaciones legales
Rodrigo Salazar, del Alianza Verde, criticó el nuevo proceso, sugiriendo que podría llevar a un Contralor de "bolsillo" carente de objetividad. María del Carmen Londoño, del Pacto Histórico, calificó la decisión de la presidenta como "ilegal", cuestionando por qué otras entidades como Palmira y Buenaventura no enfrentaron objeciones similares. También advirtió sobre posibles demandas por detrimento patrimonial, ya que se pagó a una universidad por un proceso que ahora se repetirá.
Daniella Plaza, presidenta del Concejo, defendió la transparencia de las decisiones: "Hemos hecho esto con total y absoluta rigurosidad y transparencia". Explicó que la subsanación dejaría el proceso en un 20% de avance, esperando un nuevo contralor a mitad de año. Aclaró que la terna anterior podrá volver a postularse y que aún no se ha definido la nueva universidad evaluadora, buscando instituciones de alta calidad regional.
Este debate refleja no solo divisiones políticas, sino también la complejidad de asegurar un control fiscal independiente en Cali, con implicaciones para la gobernanza y la confianza ciudadana.
