Concejo de Cali revisa proceso de elección de contralor tras observaciones de la Procuraduría
Con una votación de 14 a favor y 6 en contra, el Concejo de Cali aprobó una proposición que solicita a la Mesa Directiva, presidida por la concejal Daniella Plaza, revisar exhaustivamente el expediente del proceso adelantado en 2025 para elegir al contralor distrital de Cali para el periodo 2026-2029. Esta iniciativa busca analizar meticulosamente todas las etapas del concurso luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara una serie de observaciones específicas y detalladas.
Objetivo: identificar y corregir irregularidades
El objetivo principal de esta revisión es identificar posibles irregularidades y corregir todos aquellos actos de trámite que no estén ajustados estrictamente a la normativa vigente, permitiendo así que el proceso continúe de manera transparente hasta la elección definitiva del contralor. El Contralor General de Santiago de Cali representa la máxima autoridad de control fiscal en el municipio, encargado de vigilar rigurosamente la gestión de los recursos públicos por parte de la administración municipal y particulares, garantizando la transparencia, eficiencia y legalidad en todas las operaciones.
El documento aprobado señala textualmente: "ARTÍCULO PRIMERO. SUBSANAR Y DEJAR SIN EFECTOS todos los actos de trámite o preparatorios, incluyendo la inscripción de los candidatos y todas las demás actuaciones administrativas que se hubieren surtido de forma posterior a la expedición de la Resolución No. 200.2.2-261 de 2025, del 28 de julio del 2025".
No es una revocatoria, es una subsanación
La presidenta del Concejo, Daniella Plaza, explicó enfáticamente a los medios que no se trata de una revocatoria, sino de unos actos administrativos que son de trámite y, en consecuencia, "la figura que aplica legalmente es aquella que está consagrada en el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo que habla de subsanar o corregir todos aquellos vicios que se hayan podido generar en el ejercicio de la elección del contralor".
Por este motivo fundamental, la mesa directiva inició formalmente el trámite el 16 de enero, cuando sus integrantes viajaron específicamente a Bogotá para acudir a la Procuraduría General de la República, pues en su facultad legal de control preferente, esta entidad había aperturado en 2025 una preventiva alertando sobre unas presuntas irregularidades concretas.
Proceso riguroso y acompañado
"En ese sentido, a nosotros nos asistió una responsabilidad de solicitarle a la Procuraduría General que nos diera alcance de todas y cada una de esas presuntas irregularidades. En ese ejercicio, se marca una pauta de todo el estudio que venimos haciendo de manera rigurosa", afirmó Plaza con determinación.
La concejal indicó que este proceso no solamente se ha adelantado desde la presidencia del Concejo; también ha estado acompañado activamente por el primer vicepresidente, Andrés Escobar, y la segunda vicepresidenta, María del Carmen Londoño. "Hemos tenido diversas mesas de trabajo, entre otras cosas, reconstruyendo también la carpeta contractual, contrastando todos y cada uno de los documentos que se habían encontrado en el marco de este proceso", añadió la presidenta del Concejo.
Análisis de las irregularidades señaladas
Desde la parte técnica se ha requerido formalmente a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que adelantó el proceso desde la parte técnica de elección del contralor a través del concurso de méritos y la conformación de la lista de los aspirantes. Por ello, Daniella Plaza indicó que la mesa directiva analizó minuciosamente todas las variables que había alertado la Procuraduría. "Ya un tribunal había manifestado que esto no constituía un tema que pudiese haber afectado el transcurso o el curso como tal de todo el proceso de elección del contralor", explicó.
Sin embargo, hay dos presuntas irregularidades que se analizaron con especial rigor, y se refieren específicamente a la indebida delegación y extralimitación de funciones, "que fue absolutamente clara para nosotros en el marco de este proceso y también las razones al principio de ilegalidad al pedir documentos adicionales a los que la ley dispone", agregó Plaza.
Principio de legalidad y transparencia
La también abogada explicó detalladamente que el principio de legalidad establece que, aunque el Concejo de Cali es autónomo, no puede pedir requisitos adicionales a los consagrados estrictamente por la ley, porque esto lo cobija el principio de legalidad. Por ello, indicó que la única manera de que se puedan solicitar documentos adicionales es a través de una ley o una norma de igual o mayor jerarquía, y que en este caso específico sucedió.
"Aquí es evidente que ha habido una indebida delegación de funciones, una extralimitación de funciones por parte de la universidad y, en ese sentido, nosotros hemos decidido subsanar, tal como lo había advertido la Procuraduría General de la República, entre otras cosas, ente que nos disciplina a nosotros como corporación de elección popular", afirmó Plaza con firmeza.
Cali merece un contralor transparente
La Presidenta del Concejo aseguró categóricamente que es vital y prioritario que la ciudad cuente con un contralor general en propiedad. "Cali merece un contralor, necesita un contralor, pero uno que sea producto de un proceso ajustado a la transparencia, al derecho y al principio de igualdad". Este proceso de revisión busca precisamente garantizar que la elección final se realice bajo los más altos estándares de legalidad y equidad, restaurando la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
