Claudia López y Mauricio Lizcano denunciaron en la tarde del miércoles que enfrentan graves dificultades para acceder a los anticipos que la ley les otorga para financiar sus campañas presidenciales. A solo 18 días de la primera vuelta, programada para el 31 de mayo, los candidatos afirman que la falta de estos recursos pone en riesgo la equidad de la contienda electoral.
¿Qué son los anticipos y por qué son cruciales?
De acuerdo con la normativa electoral, los candidatos a la Presidencia pueden solicitar hasta 10.000 millones de pesos de forma anticipada al Estado para cubrir gastos de campaña. Estos recursos deben ser devueltos posteriormente con los anticipos de reposición de votos. Sin embargo, la demora en la definición de las reglas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la imposibilidad de obtener pólizas de seguro han impedido que varios aspirantes accedan a este beneficio.
Denuncias de los candidatos
Claudia López expresó: “Quiero decir con toda claridad que no hay garantías para competir en esta elección presidencial. Las reglas de financiación pública debieron estar definidas desde el 31 de enero; hoy es 13 de mayo y a 18 días de los comicios no hay claridad”. Por su parte, Mauricio Lizcano señaló que el CNE y La Previsora, la aseguradora estatal, no han respondido a sus solicitudes de pólizas, sugiriendo incluso que las demoras buscan beneficiar al candidato del gobierno.
Ambos candidatos coinciden en que existe una disparidad en el acceso a la financiación. Mientras que los punteros como Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo han logrado obtener préstamos bancarios y donaciones, los aspirantes con plataformas más pequeñas se enfrentan a la negativa de las entidades financieras y a la falta de acceso a los anticipos.
Intervención de la MOE
La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre esta situación. Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, afirmó: “La equidad en la competencia electoral es un pilar de nuestra democracia. Las campañas requieren de estos recursos para competir en condiciones de igualdad. El retraso en la definición de estas reglas de juego y sobre todo, de la entrega oportuna de los anticipos, genera un daño democrático irreparable”.
Hasta el 11 de mayo, el CNE no había definido los criterios para la entrega de anticipos, lo que llevó a la MOE a exigir una pronta definición, ante las alertas de seis campañas que han visto mermadas sus capacidades por la falta de recursos.
Resolución tardía del CNE
Finalmente, el tribunal electoral expidió la resolución esperada, pero apenas 20 días antes de la primera vuelta. Las solicitudes de anticipo debían presentarse hasta el 15 de mayo, es decir, solo cuatro días hábiles. Entre los requisitos se exige una certificación del CNE que acredite que el partido alcanzó el 4% de los votos de Senado en las elecciones pasadas, o en el caso de candidatos por firmas, un documento de la Registraduría que compruebe un equivalente al 3% del censo electoral.
Además, se requiere una póliza de seguros, garantía bancaria o contrato de pignoración de recursos ciertos por el valor total del anticipo solicitado. Este último requisito ha sido el principal escollo, ya que ninguna aseguradora, ni siquiera La Previsora, ha otorgado las pólizas a los candidatos. Mauricio Lizcano reveló que tuvo que interponer una tutela para obtener una respuesta, que finalmente fue negativa.
Dificultades adicionales y críticas
Fuentes del CNE indicaron que la demora en expedir la resolución se debió a que normalmente es el Ministerio de Hacienda el que fija las condiciones, pero ante su inacción, el CNE procedió por su cuenta. Aunque el Ministerio ya desembolsó los recursos al tribunal electoral, la imposibilidad de los candidatos de obtener las pólizas impide el desembolso.
El expresidente Álvaro Uribe también se refirió a las tensiones en la contienda. Los candidatos más pequeños tendrán que enfrentar la recta final de la campaña sin mayores recursos si no cumplen con todos los requisitos antes del viernes.
La situación ha generado un debate sobre la equidad electoral y la necesidad de garantizar condiciones justas para todos los aspirantes en las elecciones presidenciales de 2026.
