Candidatos presidenciales rechazan amenazas de Petro de destituir alcaldes por protestas en Santander
En medio de la creciente tensión por los bloqueos campesinos en el departamento de Santander, el presidente Gustavo Petro generó una fuerte controversia al advertir durante el consejo de ministros que podría solicitar la destitución de alcaldes regionales por problemas de orden público derivados de las manifestaciones contra el incremento del avalúo catastral.
La declaración presidencial, que se produjo en el quinto día consecutivo de protestas en Santander, ha desatado un torrente de críticas desde diversos sectores políticos, especialmente entre aspirantes a la Casa de Nariño que compiten en las próximas elecciones presidenciales.
Las amenazas presidenciales y la reacción constitucional
"Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor. El procurador puede suspenderlos de inmediato", afirmó Petro durante la reunión gubernamental, argumentando que según la Constitución los funcionarios podrían salir del cargo por problemas de orden público.
El mandatario insistió simultáneamente en respetar la protesta campesina: "Y los campesinos no se golpean, ni les vamos a sacar ojos, ni a presos, ni nada por el estilo, porque eso lo hacen son los uribistas, no nosotros".
Las declaraciones se producen en un contexto donde comunidades rurales de Santander exigen soluciones ante el alza en los impuestos derivados de la actualización catastral, mientras el Gobierno nacional sostiene que la responsabilidad de definir las tarifas corresponde a las administraciones municipales.
Respuestas contundentes de los aspirantes presidenciales
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia acusó al presidente de "cobardía política" y de intentar aplicar destituciones inconstitucionales. Según la aspirante, los artículos 43 al 45 del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el actual Gobierno son los que impusieron la actualización catastral obligatoria.
"Usted sancionó esa ley y su gobierno impulsó su reglamentación. Eso es algo que no pueden modificar los Concejos", afirmó Valencia, exigiendo que se respeten los topes legales vigentes en lugar de amenazar a los alcaldes regionales.
Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López calificó la postura del mandatario como un "embrujo autoritario". La aspirante manifestó que al presidente "le estorba la Constitución del 91, los jueces, alcaldes y Cortes", pero que no le "estorban" los corruptos y clientelistas que acepta en su Gobierno.
Críticas desde el centro político y la experiencia territorial
El exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Sergio Fajardo también rechazó las declaraciones del Presidente mediante un mensaje en redes sociales: "Amenazar con cárcel a alcaldes y gobernadores por el catastro no es liderazgo. Es autoritarismo".
Fajardo aseguró que de quedar electo gobernaría en articulación con los gobiernos departamentales y municipales, enfatizando la importancia del trabajo conjunto entre los diferentes niveles de administración pública.
El exministro y candidato Mauricio Lizcano criticó la búsqueda de culpables en lugar de plantear soluciones técnicas al problema del catastro: "El catastro es responsabilidad del Gobierno y de los alcaldes, y ambos tienen la obligación de resolverlo".
Lizcano explicó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) lidera la actualización catastral en todo el país, mientras que los concejos municipales fijan las tarifas, por lo que enfatizó la necesidad de una coordinación efectiva para lograr "tarifas asequibles que los colombianos puedan pagar".
El trasfondo del conflicto y las responsabilidades compartidas
La crisis se desarrolla mientras las protestas campesinas en Santander continúan por el incremento del avalúo catastral, un tema que ha expuesto las tensiones entre el Gobierno nacional y las administraciones locales sobre quién tiene la responsabilidad última de definir las políticas tributarias territoriales.
Mientras el Ejecutivo insiste en que la definición de tarifas corresponde a los municipios, alcaldes y sectores de oposición señalan que el origen del problema reside precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, que estableció la actualización catastral obligatoria sin considerar plenamente su impacto en las economías locales.
Las reacciones de los candidatos presidenciales reflejan no solo diferencias políticas con el actual gobierno, sino también visiones contrastantes sobre cómo debe ejercerse el liderazgo nacional y la relación entre el poder central y las autoridades regionales en un Estado descentralizado como el colombiano.
