Cerco judicial estadounidense se estrecha contra el presidente Petro
Las autoridades judiciales de Estados Unidos han intensificado significativamente sus investigaciones sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, según revelaciones simultáneas de dos de los medios más influyentes del país norteamericano. The New York Times y Los Ángeles Times publicaron reportajes independientes que, analizados conjuntamente, configuran un panorama judicial sin precedentes contra el mandatario colombiano.
Designación como "objetivo prioritario" de la DEA
La información más contundente proviene del Los Ángeles Times, que reportó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha designado formalmente a Petro como "objetivo prioritario", una etiqueta reservada exclusivamente para individuos que han tenido un "impacto significativo" en el comercio internacional de drogas. Esta designación no constituye un simple trámite administrativo, sino que representa la culminación de años de construcción de expedientes por parte de las autoridades estadounidenses.
Los registros de la DEA muestran que el nombre de Petro aparece en múltiples investigaciones que se remontan hasta 2022, muchas de ellas basadas en testimonios de informantes confidenciales cuya identidad permanece protegida.
Dos fiscalías federales lideran las pesquisas
Las investigaciones están siendo conducidas por las fiscalías de los distritos Sur y Este de Nueva York, comúnmente conocidas como Manhattan y Brooklyn respectivamente. En estas pesquisas participan activamente:
- Fiscales especializados en narcotráfico internacional
- Agentes experimentados de la DEA
- Personal del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional
Líneas de investigación específicas
Las líneas de investigación son múltiples y cada una presenta cargos potencialmente más graves que la anterior:
- Posibles tratos con el cártel de Sinaloa: Se investiga si Petro mantuvo contactos o negociaciones con la organización criminal mexicana más poderosa del mundo.
- Financiación ilícita de campaña: Se examina si su política fue diseñada o utilizada para beneficiar a narcotraficantes que habrían contribuido económicamente a su campaña presidencial.
- Contrabando institucionalizado: Se indaga sobre el posible uso de fuerzas del orden colombianas para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos nacionales.
Es importante destacar que ninguna de estas líneas ha derivado aún en cargos formales, y no existe claridad sobre si eventualmente lo harán.
El caso concreto de La Picota
Un elemento que otorga dimensión concreta y doméstica a las investigaciones es la cárcel La Picota en Bogotá. Según una fuente familiarizada con las pesquisas que habló bajo condición de anonimato con el Los Ángeles Times, fiscales de Brooklyn han estado interrogando a narcotraficantes sobre acusaciones específicas.
Estas acusaciones señalan que representantes del presidente habrían solicitado sobornos a narcotraficantes presos en ese penal, a cambio de una promesa de que no serían extraditados a Estados Unidos. Esta línea de investigación trasciende el plano abstracto de los vínculos políticos, incorporando nombres específicos, una ubicación concreta y negociaciones con precios establecidos.
La familia presidencial bajo escrutinio
El cerco investigativo se extiende también a miembros de la familia presidencial:
- Nicolás Petro: Hijo del presidente, fue acusado en 2023 de solicitar contribuciones ilegales de campaña a un narcotraficante condenado. Aunque se declaró inocente y su padre aseguró que ese dinero nunca financió su campaña, fiscales colombianos documentaron que sí ingresaron fondos ilícitos a la campaña electoral de 2022.
- Juan Fernando Petro: Hermano del mandatario, ha sido implicado en negociaciones con narcotraficantes encarcelados para protegerlos de la extradición a cambio de su desarme.
Respuestas y contexto político
El presidente Petro ha negado sistemáticamente todos estos señalamientos, destacando los logros de su gobierno en la lucha contra el cultivo de coca y las operaciones militares contra grupos de narcoterrorismo. Ha calificado las acusaciones como políticamente motivadas, especialmente después de que el expresidente Donald Trump lo llamara "líder ilegal de drogas" y el Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionara a finales de 2025 por presuntos vínculos con el narcotráfico, sin ofrecer pruebas públicas.
El contexto político resulta imposible de ignorar, dado que Trump ha utilizado históricamente las investigaciones criminales como herramienta contra rivales y enemigos. Podría aprovechar la existencia de estos expedientes como palanca para obtener mayor cooperación de Colombia en materia antinarcóticos, especialmente en un año electoral donde Petro ha pedido a sus seguidores apoyar a su sucesor elegido directamente.
Precedentes regionales y temporales
El patrón investigativo tiene precedentes regionales recientes:
- Nicolás Maduro fue capturado en Caracas y trasladado a Nueva York
- Líderes cubanos fueron investigados poco después de que Trump sugiriera una "toma de control amistosa" de la isla
- Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue extraditado semanas después de entregar el poder y condenado a 45 años de prisión
La historia de Colombia con el narcotráfico y la política es extensa y dolorosa. En los años 80, Pablo Escobar llegó al Congreso con apoyo de partidos tradicionales. Una década después, el cártel de Cali financió ilegalmente la campaña presidencial de Ernesto Samper. Incluso el grupo guerrillero urbano al que perteneció Petro, el Movimiento 19 de Abril, fue sospechoso de recibir dinero del cártel de Escobar, algo que sus líderes siempre negaron.
Con Petro dejando el cargo a finales de este año, existe el precedente de que Estados Unidos suele esperar ese momento para hacer públicos los cargos y solicitar formalmente la extradición, tal como ocurrió con el caso hondureño. Ambos medios estadounidenses coinciden en señalar que no hay indicios de que la Casa Blanca haya tenido algún papel en el inicio de estas investigaciones, aunque el contexto político inevitablemente las rodea.
