Respuesta oficial genera controversia sobre contratación con comunidades
La agencia nacional de contratación pública, Colombia Compra Eficiente, ha emitido una rectificación significativa tras la publicación de un informe periodístico basado en su propia respuesta a un derecho de petición. El documento original, fechado el 24 de marzo de 2026, indicaba la existencia de 80.736 contratos con asociaciones, juntas de acción comunal, cabildos y resguardos por un valor total superior a los 31 billones de pesos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Contraste entre documentos oficiales
En un comunicado emitido este viernes, la entidad gubernamental ha desmentido categóricamente las interpretaciones derivadas de su respuesta inicial. "No es cierto, como se ha difundido en algunos medios de comunicación, que la entidad reportara contratos a dedo por 31 billones de pesos durante el actual periodo de gobierno", asegura el documento oficial.
La nueva versión presentada por Colombia Compra Eficiente explica que los datos consignados en la respuesta al derecho de petición corresponden a contratos registrados por todas las entidades del nivel nacional y territorial en las plataformas Secop I y Secop II desde agosto de 2022 hasta marzo de 2026. Según la agencia, estos registros incluyen diversas modalidades de contratación y no se limitan específicamente a asociaciones comunitarias.
Desglose de cifras revisadas
La entidad ha proporcionado un desglose detallado que contradice las cifras iniciales:
- El 82,81% de los contratos mencionados correspondería a la categoría "asociación", que incluye diversos tipos de organizaciones empresariales, académicas, civiles y público-privadas
- Solo el 13,8% de estos contratos correspondería a entidades del orden nacional
- El 71% de los acuerdos se habrían celebrado mediante modalidades diferentes a la contratación directa
- Con "asociaciones público-populares" específicamente se habrían realizado 97 contratos que suman 3.592 millones de pesos
- De estos, solo 6 contratos corresponderían a entidades nacionales por valor de 1.204 millones de pesos
Contexto legal y político
Esta controversia se produce en un contexto particularmente sensible, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequibles los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo. Precisamente estos artículos fueron el objeto específico del derecho de petición elevado por EL TIEMPO, que buscaba información sobre contratación con asociaciones público-populares en el marco de la política de 'economía popular'.
La Corte argumentó que "el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública", creando un vacío legal que ahora se refleja en las discrepancias interpretativas sobre los datos de contratación.
Información complementaria reveladora
Más allá de la controversia con Colombia Compra Eficiente, documentos de la Contraloría General revelan información adicional sobre este modelo de contratación. Según un informe sobre el programa Caminos Comunitarios para la Paz, el Instituto Nacional de Vías (Invías) firmó 2.160 convenios solidarios con juntas de acción comunal entre 2023 y 2024, con un valor total de 467.780 millones de pesos.
Lo más significativo de esta rectificación es que ninguno de los datos desglosados en el comunicado oficial aparece en la respuesta original al derecho de petición, generando interrogantes sobre la transparencia y consistencia de la información proporcionada por la entidad estatal.
