Colombia sigue el camino de Venezuela al denunciar el centro de arbitraje internacional Ciadi
El Gobierno nacional ha tomado la decisión de denunciar el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), siguiendo los mismos pasos que implementó el régimen venezolano en el año 2012. Esta medida representa un giro significativo en la política de protección a las inversiones internacionales y ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones para la economía colombiana.
¿Qué es el Ciadi y cómo funciona realmente?
Contrario a lo que algunas narrativas oficiales han sugerido, el Ciadi no es un tribunal en el sentido tradicional, sino un centro de arbitraje especializado que, según sus propias reglas, constituye y administra tribunales expertos e independientes. Estos tribunales tienen como propósito resolver disputas relacionadas con expropiaciones directas o indirectas de inversiones, cuando estas se realizan sin una justa compensación por parte de un Estado contratante, afectando a inversionistas nacionales de otro Estado contratante.
El centro fue creado durante la década de los años sesenta con un objetivo claro: contar con tribunales imparciales que operaran fuera de la jurisdicción directa de los Estados, evitando así injerencias políticas y fomentando las inversiones internacionales. Para que el Ciadi pueda actuar como foro de resolución de controversias, se requiere la existencia de un tratado de protección de la inversión (TI) o un tratado de libre comercio (TLC) que incluya una cláusula específica de atribución de competencia.
Las limitaciones reales de la denuncia
La denuncia del convenio, desde una perspectiva técnica, no pasa de ser una noticia con tintes demagógicos. La razón es simple: las posibles contingencias que superan los $52 billones no se evitan simplemente saliéndose del sistema arbitral. Para lograr una protección real contra estas demandas, Colombia tendría que denunciar también los 19 tratados de protección a la inversión extranjera (TI y TLC) que actualmente mantiene vigentes.
Además, incluso después de la denuncia, estos tratados seguirán aplicándose durante un período estándar de 10 años respecto a disputas ocurridas antes del anuncio oficial, más el período de eficacia diferida de seis meses que contempla el procedimiento. En cualquier caso, tales controversias encontrarían foro de resolución ya sea en el mismo Ciadi -a través de su mecanismo complementario- o en tribunales internacionales ad hoc que operan bajo las reglas de Naciones Unidas.
Desmontando los argumentos oficiales
El Gobierno ha presentado varios argumentos para justificar su decisión que requieren un análisis objetivo:
- No es "la justicia del socio" o del "gran capital": El Ciadi no pertenece a ningún país específico y sus tribunales fallan de forma independiente, sin privilegiar sistemáticamente a ninguna de las partes en conflicto.
- No vulnera la soberanía estatal: El sistema arbitral internacional constituye un mecanismo válido e idóneo para generar confianza al inversionista extranjero, similar a como funcionan los tribunales de arbitramento nacionales.
- No es un sistema asimétrico: Contrario a lo señalado por el presidente, el Estado colombiano ha ganado aproximadamente el 70% de los casos presentados ante este centro.
- No limita decisiones soberanas legítimas: Lo que realmente limita son las decisiones arbitrarias, ilegales y aquellas que carecen de una justa compensación para los inversionistas afectados.
Impacto en la confianza inversionista
La realidad económica indica que el sistema del Ciadi genera confianza y ofrece múltiples bondades para la atracción de inversión extranjera, beneficiando directamente a la economía nacional. Si bien podría requerir algunos ajustes en su funcionamiento, la solución no radica en retirarse completamente del sistema.
La alternativa más sensata sería promover ajustes dentro del marco existente y, fundamentalmente, evitar la adopción de malas decisiones de política pública -especialmente aquellas que sean arbitrarias, contrarias a la ley o que no contemplen compensaciones adecuadas-. Estas malas decisiones podrían generar cuantiosas condenas contra el Estado colombiano, independientemente del foro donde se resuelvan las controversias.
Al seguir el mismo camino que tomó el gobierno chavista venezolano, la administración petrista envía mensajes preocupantes sobre la estabilidad institucional y la confianza que merecen los inversionistas extranjeros, con posibles consecuencias negativas para el desarrollo económico del país en el mediano y largo plazo.
